La Corte determinó que la disposición estatal que promueve el uso correcto del español es constitucional, pero precisó que no puede utilizarse para prohibir o desalentar la enseñanza del lenguaje inclusivo.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua que fomenta el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español es constitucional, siempre que se interprete de manera que no impida la enseñanza del lenguaje inclusivo.
El criterio fue establecido por el Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y su acumulada 133/2025, promovidas contra el artículo 8, fracción XXVIII, de la legislación educativa de Chihuahua.
La disposición establece que las escuelas públicas deben fomentar el “uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”. Sin embargo, la Corte precisó que esta obligación no puede entenderse como una prohibición para utilizar o enseñar formas de lenguaje inclusivo.
De acuerdo con el proyecto analizado por el Pleno, la enseñanza de las reglas gramaticales y ortográficas del español puede coexistir con contenidos que promuevan una comunicación incluyente, particularmente cuando estos contribuyen a garantizar condiciones de igualdad y no discriminación dentro del ámbito educativo.
La SCJN señaló que interpretar la norma como una prohibición del lenguaje inclusivo implicaría darle un alcance que no corresponde a su contenido y podría generar restricciones incompatibles con los derechos fundamentales de las personas.
Con esta interpretación, el Alto Tribunal reconoció la validez de la disposición impugnada, pero estableció los parámetros bajo los cuales debe aplicarse para evitar que sea utilizada para impedir o desincentivar la enseñanza del lenguaje inclusivo.
El fallo también establece que las autoridades educativas deben aplicar la norma conforme a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, por lo que el fomento del uso correcto del español no puede convertirse en una herramienta para excluir determinadas expresiones o formas de comunicación.
La resolución se suma a otros criterios recientes de la nueva integración de la SCJN relacionados con los derechos de grupos históricamente discriminados y con la interpretación de las normas educativas desde una perspectiva de derechos humanos.
En consecuencia, las escuelas públicas de Chihuahua deberán continuar promoviendo el conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas del español, pero sin que ello implique impedir que dentro de los espacios educativos se conozcan y enseñen formas de lenguaje inclusivo.
