La iniciativa impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero busca desvincular el proceso judicial de los comicios intermedios de 2027 e integrar un Comité Único de Evaluación.
Ciudad de México. – Diputados federales de Morena presentaron formalmente una iniciativa para recorrer la fecha de la próxima elección judicial de junio de 2027 a junio de 2028. La propuesta, suscrita por el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la diputada Olga Sánchez Cordero, plantea modificar diversos artículos de la Constitución para evitar que el proceso coincida con las elecciones políticas intermedias.
De acuerdo con el documento presentado en San Lázaro, la concurrencia de ambos procesos electorales genera riesgos institucionales, entre los que destacan la saturación informativa para el electorado, el incremento del voto desinformado y la posible politización de las candidaturas judiciales al empatarse con las campañas de partidos políticos por diputaciones y alcaldías.
Sobre esta propuesta, se informó que en la Cámara de Diputados ya se formalizó la iniciativa para modificar la fecha de elección de los jueces y magistrados pendientes. No obstante, fue el Presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Ignacio Mier, quien aclaró que, hasta el momento, no se ha mencionado la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras para abordar este cambio.
La reforma propone además la creación de un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres Poderes de la Unión, que concentre la revisión de los aspirantes. Asimismo, establece como requisito la acreditación de exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas, sustituyendo requisitos académicos formales por mecanismos de evaluación técnica estandarizada.
Los legisladores argumentan en su propuesta que postergar el proceso al año 2028 otorgará el tiempo necesario para diseñar y consolidar este sistema de certificación técnica más robusto. El objetivo central es garantizar una mayor deliberación pública sobre los perfiles técnicos de las y los aspirantes, protegiendo así la independencia judicial de las presiones partidistas.
La iniciativa también propone que sea el Instituto Nacional Electoral (INE), y no el Senado, quien emita la convocatoria y consolide el listado de candidaturas. Finalmente, busca que el Senado mantenga la facultad de aprobar renuncias y licencias de los integrantes del Órgano de Administración y del Tribunal de Disciplina, logrando un modelo electoral más ordenado y con mayor legitimidad ciudadana.
