Tras obtener el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió las declaratorias de validez constitucional de la reforma judicial y de la modificación que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones.
Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez constitucional de dos reformas impulsadas recientemente por el Poder Legislativo: la reforma al Poder Judicial que aplaza la elección judicial hasta 2028 y la modificación al artículo 41 constitucional que incorpora la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad electoral.
Las declaratorias fueron emitidas después de que ambas reformas obtuvieran el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución para modificar la Carta Magna.
En el caso de la reforma judicial, la Mesa Directiva informó que 25 legislaturas locales aprobaron el proyecto, entre ellas las de Baja California, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, con lo que se alcanzó la mayoría constitucional necesaria para su validación.
La reforma contempla, entre otros cambios, aplazar al primer domingo de junio de 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros, una medida que el oficialismo ha defendido bajo el argumento de mejorar la organización del proceso y evitar que coincida con las elecciones intermedias de 2027.
Durante la misma sesión, la Comisión Permanente también declaró la validez constitucional de la reforma que adiciona una nueva causal de nulidad electoral cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan de manera determinante en los resultados de una elección. La modificación obtuvo el respaldo de 24 congresos estatales.
La reforma establece que podrán anularse procesos electorales cuando existan pruebas de intervención proveniente de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas o cualquier actor con origen fuera del territorio nacional cuya participación resulte grave y determinante para el resultado electoral.
Mientras Morena y sus aliados sostienen que la medida fortalece la soberanía nacional y protege los procesos democráticos frente a influencias externas, legisladores de oposición y algunos especialistas han advertido que la redacción de la reforma podría generar interpretaciones amplias y abrir nuevos espacios para la judicialización de las elecciones.
Tras la declaratoria de constitucionalidad, ambos decretos serán remitidos al Diario Oficial de la Federación para su publicación y posterior entrada en vigor. Asimismo, las autoridades electorales y los congresos locales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes para armonizar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales.
