El máximo tribunal estudiará un amparo que podría definir cuándo las autoridades deben responder patrimonialmente por omisiones ante hechos de violencia colectiva.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de linchamiento, particularmente cuando autoridades municipales o estatales omiten actuar para proteger la vida de las víctimas.
El asunto llegó al Pleno del máximo tribunal mediante un amparo directo en revisión promovido por María del Rosario Rodríguez García y Guadalupe Flores Morales, familiares de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales, quienes fueron linchados el 29 de agosto de 2018 en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, tras ser señalados falsamente de secuestro.
De acuerdo con el expediente, ambas víctimas se encontraban bajo custodia de policías municipales cuando fueron entregadas a una multitud que terminó por privarlas de la vida. Los promoventes sostienen que las autoridades omitieron activar los protocolos para contener el linchamiento y garantizar la seguridad de las personas retenidas.
Tras los hechos, los familiares solicitaron al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio una indemnización por la presunta actuación irregular de las autoridades. Sin embargo, la administración municipal rechazó la petición, lo que dio origen a una serie de litigios ante instancias administrativas y posteriormente ante tribunales federales.
El caso llegó a la justicia federal luego de que un Tribunal Colegiado determinara que las autoridades administrativas sí habían emitido una resolución definitiva al negar la reclamación de responsabilidad patrimonial, criterio que fue impugnado por los familiares al considerar que persistían cuestiones de constitucionalidad relacionadas con la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida.
En el recurso también se argumenta que los linchamientos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que la omisión de las autoridades para prevenirlos o intervenir oportunamente puede generar responsabilidad patrimonial del Estado. Como respaldo, los promoventes citaron informes de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organismos nacionales especializados en la materia.
La resolución que emita la Suprema Corte será relevante porque podría establecer un criterio sobre los alcances de la responsabilidad del Estado frente a actos de justicia por propia mano y servir como precedente para otros casos en los que familiares de víctimas reclamen una indemnización por la inacción de las autoridades.
