Los magistrados federales determinaron que el juzgado de origen debe evaluar la sustitución de la prisión preventiva forzosa para que la procesada continúe su juicio en libertad.
Ciudad de México. – Un Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito ordenó la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Mónica Espinoza, quien fue detenida a los 19 años de edad en el estado de Puebla y suma 12 años privada de la libertad sin que se haya dictado una sentencia definitiva en su causa penal. La resolución judicial mandata a la jueza de primera instancia a evaluar mecanismos alternativos para que la imputada pueda llevar a cabo su proceso legal fuera de la cárcel.
De acuerdo con la cronología de los hechos difundida por la organización civil CEA Justicia Social, la defensa de Espinoza solicitó previamente el cambio de medidas cautelares, petición que fue desechada el 21 de abril de 2026 por la jueza penal Teresita Sosa Berthely. Esta decisión fue apelada por los representantes legales; posteriormente, durante la secuela procesal, se programó una audiencia para el 7 de mayo de 2026 a la cual la representación de la Fiscalía General del Estado de Puebla no asistió, lo que postergó el desahogo de los argumentos institucionales.
El expediente de Mónica Espinoza se remonta al año 2014, cuando fue detenida por elementos policiales en el municipio de Tehuacán, Puebla. Sus defensores y organizaciones acompañantes han señalado la existencia de presuntas violaciones al debido proceso y actos de tortura durante la integración de la investigación inicial, argumentando que la prolongación de la prisión preventiva por más de una década desvirtúa los principios de presunción de inocencia y de un juicio pronto y expedito.
La situación jurídica de Espinoza coincide con datos del INEGI (2024) que indican que el 36.3% de la población privada de la libertad en México se encuentra en calidad de procesada sin una sentencia firme. El informe detalla además que casi el 50% de las mujeres en reclusión penal enfrentan esta condición jurídica, la mayoría de ellas con periodos de espera que superan los diez años.
A raíz del mandato emitido por el Tribunal de Apelación el pasado 19 de junio de 2026, la jueza Teresita Sosa Berthely fue emplazada a convocar a una nueva audiencia este martes 23 de junio de 2026 a las 14:00 horas. En dicha comparecencia, la autoridad judicial determinará la viabilidad jurídica de revocar la prisión preventiva y dictar medidas sustitutivas, tales como la vigilancia electrónica o el arraigo domiciliario, conforme al marco legal aplicable.
