La resolución revocó el auto de formal prisión dictado contra Jorge Antonio Sánchez Ortega al concluir que la Fiscalía General de la República no presentó elementos suficientes para sostener la acusación ni las agravantes imputadas en el magnicidio de 1994.
Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al revocar el auto de formal prisión que enfrentaba por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. La resolución representa un nuevo revés para la teoría del llamado “segundo tirador”, impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La determinación fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca, cuyos magistrados concluyeron que las pruebas aportadas por la FGR eran insuficientes para acreditar que Sánchez Ortega hubiera actuado de manera coordinada con Mario Aburto Martínez o que existieran elementos para imputarle el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y alevosía.
Como consecuencia, el órgano jurisdiccional revocó la resolución emitida en noviembre de 2025 por un juez federal y decretó el sobreseimiento del proceso penal. Además, reclasificó el ilícito de homicidio calificado a homicidio simple intencional, delito que, de acuerdo con los magistrados, prescribió desde 2014.
En su resolución, el tribunal sostuvo que el juez que dictó el auto de formal prisión fue más allá de los argumentos presentados por la Fiscalía, al suplir deficiencias de la acusación mediante inferencias que correspondían exclusivamente al Ministerio Público. Los magistrados señalaron que ello comprometía el principio de imparcialidad judicial.
Sánchez Ortega fue detenido en noviembre de 2025, más de tres décadas después del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. La FGR lo señaló como el presunto segundo tirador con base en nuevos peritajes elaborados en 2025, los cuales buscaban sostener que participó en el atentado junto con Mario Aburto.
No obstante, el tribunal consideró que los dictámenes periciales y el resto de las pruebas no permitían acreditar, ni siquiera de manera indiciaria, que existiera un acuerdo previo entre ambos o que Sánchez Ortega hubiera intervenido en el homicidio bajo las circunstancias agravantes planteadas por la Fiscalía.
La única vía para revertir esta determinación sería la promoción de un juicio de amparo por parte de las víctimas reconocidas dentro del proceso. Mientras tanto, la resolución deja sin efecto el proceso penal contra el exagente y debilita una de las principales líneas de investigación reactivadas por la FGR en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio.
El fallo reabre el debate sobre uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de México y representa un nuevo obstáculo para la hipótesis del segundo tirador, una línea de investigación que durante décadas ha sido objeto de controversia y que nuevamente queda sin respaldo judicial suficiente.
