La juzgadora determinó que el proceso penal debe continuar al tratarse de un delito que se persigue de oficio, por lo que el desistimiento de la víctima no extingue la acción penal.
Cuernavaca, Morelos.- La jueza de control Consuelo Correa vinculó a proceso a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el delito de violencia familiar, al considerar que existen elementos suficientes para que continúe la investigación en su contra, pese a que su esposa, María Felicia Jiménez, le otorgó el perdón durante el desarrollo de la audiencia.
Al iniciar la diligencia, la impartidora de justicia informó que la víctima presentó un escrito, fechado el 10 de julio, mediante el cual manifestó su decisión de desistirse de las denuncias interpuestas contra el exfuncionario y solicitó no continuar con las carpetas de investigación, argumentando que buscaba privilegiar la estabilidad y el bienestar de su familia.
No obstante, la jueza explicó que tanto la violencia familiar como la violencia vicaria son delitos que se persiguen de oficio, por lo que el perdón otorgado por la denunciante no tiene como efecto poner fin al procedimiento penal ni impide que el Ministerio Público continúe con la acción penal.
Tras valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Rodríguez Padilla únicamente por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. En contraste, desestimó la imputación por violencia vicaria al considerar que no se reunían los elementos jurídicos suficientes para sostener esa acusación.
Como parte de la resolución, la jueza fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y la defensa podrán recabar nuevos elementos antes de la siguiente etapa del proceso.
El caso adquirió relevancia nacional luego de que se difundiera un video en el que presuntamente se observa al exdirector de Pemex agrediendo físicamente a su esposa frente al hijo de ambos. A partir de esos hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones que derivaron en su detención y posterior judicialización.
La determinación de la jueza reafirma que, en delitos cuya persecución corresponde al Estado, la voluntad de la víctima no basta para extinguir la acción penal, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales continuar con el procedimiento hasta que se dicte una resolución definitiva.
