martes, 21 de julio de 2026

PAN y Movimiento Ciudadano impugnarán reforma a la revocación de mandato en Veracruz

Ambos partidos acudirán a la Suprema Corte al considerar que las modificaciones aprobadas por el Congreso local endurecen los requisitos para activar este mecanismo de participación ciudadana y vulneran principios constitucionales.

Xalapa, Veracruz.- Los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma en materia de revocación de mandato aprobada por el Congreso de Veracruz, al considerar que las modificaciones restringen el acceso de la ciudadanía a este mecanismo de democracia participativa.

La reforma, avalada por la mayoría legislativa la semana pasada, modifica diversos artículos de la Constitución local para establecer nuevas reglas aplicables al procedimiento de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Entre los cambios se encuentra el incremento de los requisitos para solicitar el inicio del proceso, aspecto que la oposición considera desproporcionado.

Dirigentes del PAN señalaron que, a través de su dirigencia nacional, presentarán una acción de inconstitucionalidad al estimar que la reforma limita un derecho de participación ciudadana previsto en la Constitución federal y dificulta, en los hechos, la posibilidad de someter a consulta la permanencia de la persona titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, Movimiento Ciudadano confirmó que también recurrirá al máximo tribunal del país para solicitar la invalidez de las modificaciones, al sostener que el nuevo diseño legal altera el equilibrio entre los mecanismos de control democrático y el ejercicio del poder público.

En contraste, legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México defendieron la reforma al asegurar que su propósito es dotar de mayor certeza jurídica al procedimiento y evitar que la figura de revocación de mandato sea utilizada con fines político-electorales.

La controversia adquirió mayor relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que solicitaría revisar el contenido de la reforma, tras las críticas de la oposición que sostiene que las nuevas disposiciones podrían representar un “blindaje” para la gobernadora Rocío Nahle García frente a un eventual proceso de revocación.

Una vez que las impugnaciones sean presentadas, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar si las reformas aprobadas por el Congreso de Veracruz se ajustan a la Constitución o si vulneran los derechos político-electorales y los principios que regulan los mecanismos de participación ciudadana. La resolución que emita el máximo tribunal será definitiva y sentará un precedente sobre el alcance de la revocación de mandato en las entidades federativas.

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