Las declaraciones de la próxima integrante del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa desataron críticas al anticipar una posible aspiración política antes de asumir el cargo judicial.
Ciudad de México.- La magistrada electa Lucila Ayala Rodríguez generó controversia luego de afirmar públicamente que tiene “ganada” la gubernatura de Sinaloa para el proceso electoral de 2027, declaraciones que provocaron cuestionamientos sobre la imparcialidad e independencia que deben observar quienes integran el Poder Judicial.
Ayala Rodríguez fue electa en el proceso extraordinario de elección judicial para desempeñarse como magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Sinaloa. Es licenciada en Derecho y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional dentro del Poder Judicial de la Federación, donde ha ocupado distintos cargos en órganos jurisdiccionales especializados en materias civil y administrativa.
La polémica surgió tras difundirse un video en el que la futura magistrada asegura que la gubernatura de Sinaloa “ya está ganada”, expresión que fue interpretada como una manifestación anticipada de interés por competir por ese cargo de elección popular. Las declaraciones fueron ampliamente compartidas en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre la compatibilidad entre la función jurisdiccional y una eventual aspiración política.
Especialistas en derecho constitucional y electoral señalaron que, aunque hasta el momento no existe un procedimiento en su contra, las manifestaciones abren el debate sobre los límites que deben observar las personas juzgadoras respecto de actividades político-electorales, especialmente cuando aún no han iniciado formalmente el ejercicio del cargo para el que fueron electas.
La reforma judicial establece que jueces y magistrados deben desempeñar sus funciones con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía, principios que buscan garantizar la confianza ciudadana en la impartición de justicia y evitar cualquier percepción de influencia política en sus decisiones.
Hasta ahora, ni el Tribunal de Disciplina Judicial ni otra autoridad competente han informado sobre la apertura de algún procedimiento relacionado con las declaraciones de Ayala Rodríguez. Tampoco existe una candidatura registrada o un proceso electoral en curso para la renovación de la gubernatura de Sinaloa.
Las declaraciones de la magistrada electa también reavivaron el debate sobre los alcances de la reforma judicial y las reglas de conducta que deberán observar quienes resultaron electos mediante voto popular para integrar el Poder Judicial, especialmente en lo relativo a su participación en asuntos de carácter político.
Aunque el proceso electoral de 2027 aún no comienza formalmente, diversos perfiles ya son mencionados como posibles aspirantes a la gubernatura de Sinaloa. Entre ellos figuran la senadora Imelda Castro Castro, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local María Teresa Guerra Ochoa, la diputada federal Graciela Domínguez Nava y el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros, quienes han sido señalados en distintos análisis y encuestas como posibles contendientes en la sucesión estatal.
