La renuncia de la magistrada dejará una vacante en la Sala Superior a partir del 31 de agosto, pero la reforma judicial establece un mecanismo particular para cubrir el puesto hasta la elección de 2028.
Ciudad de México.- La renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió la pregunta sobre quién ocupará su lugar y cuál será el procedimiento para cubrir la vacante. La magistrada presentó su renuncia el 17 de agosto y dejará oficialmente el cargo el próximo 31 de agosto.
Soto Fregoso llegó a la Sala Superior en 2016, cuando las magistraturas electorales todavía eran designadas por el Senado de la República. Su periodo originalmente concluiría en 2027, pero la reforma judicial modificó los plazos de permanencia de las actuales magistraturas y estableció que los cargos que no fueron renovados mediante la elección judicial de 2025 se definirán en los comicios de 2028.
La situación genera una particularidad, ya que la Constitución establece actualmente que, ante una vacante definitiva en una magistratura del Tribunal Electoral, debe ocuparla una persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la elección correspondiente. Sin embargo, Soto no llegó al cargo mediante voto popular, por lo que ese mecanismo no puede aplicarse de manera directa a su caso.
De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional, las magistraturas que no fueron sometidas a renovación en la elección judicial de 2025 deberán elegirse en el proceso electoral judicial de 2028. Por ello, la vacante que dejará Soto no necesariamente implicará el nombramiento de una nueva magistratura para completar el periodo originalmente previsto.
La Constitución también establece que las renuncias de las magistraturas electorales solamente pueden proceder por causas graves y deben ser aprobadas por la mayoría de los integrantes presentes del Senado o, durante los recesos legislativos, por la Comisión Permanente. En el caso de Soto, su separación fue presentada ante la Comisión Permanente.
La salida de Soto tendrá además un efecto inmediato en la integración de la Sala Superior. Después de la renuncia de Janine Otálora en 2025, el máximo órgano jurisdiccional electoral ya había quedado con seis de sus siete integrantes. Con la salida de Soto, permanecerán cinco magistraturas en funciones.
Esta reducción cobra relevancia porque la Sala Superior es la última instancia en materia electoral y tiene la responsabilidad de resolver de manera definitiva controversias relacionadas con elecciones, partidos políticos, candidaturas y derechos político-electorales.
Así, el escenario que deja la renuncia de Mónica Soto combina una vacante que deberá atenderse conforme al nuevo marco constitucional y una Sala Superior que operará con cinco integrantes mientras se define el mecanismo aplicable.
La situación también coloca nuevamente bajo discusión los alcances de la reforma judicial de 2024 y sus disposiciones transitorias, debido a que el mecanismo previsto para sustituir magistraturas electas no contempla expresamente a quienes llegaron al Tribunal bajo el sistema anterior.
Por ahora, la elección de quien ocupará de manera definitiva el cargo de Soto apunta hacia 2028, cuando se realizará el proceso electoral judicial correspondiente. La principal interrogante será cómo se garantizará la integración y funcionamiento de la Sala Superior durante el periodo intermedio.
