El presidente de la SCJN cuestionó el papel de las instituciones agrarias ante presuntos despojos de tierras y propuso incorporar la protección del territorio, el agua y el medio ambiente en la impartición de justicia.
Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, llamó a replantear la justicia agraria en México para recuperar su sentido social y garantizar la protección de la tierra, el territorio y la vida comunitaria. Durante el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y XI Internacional, cuestionó que algunas instituciones del sector hayan perdido su función y operen, en la práctica, como “agencias inmobiliarias”.
El encuentro, organizado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado en la antigua sede legislativa de Xicoténcatl, fue el espacio en el que el ministro expuso su preocupación por las condiciones que enfrentan ejidatarios ante el crecimiento de desarrollos turísticos e inmobiliarios. Relató que, durante sus recorridos por el país, recibió testimonios de habitantes de la península sobre presuntas simulaciones de asambleas para aprobar el dominio pleno de terrenos y posteriormente venderlos a precios considerablemente mayores.
Aguilar Ortiz señaló que, de acuerdo con esos testimonios, algunos terrenos habrían sido adquiridos a ejidatarios en pesos y, al cabo de un año, comercializados en dólares para proyectos inmobiliarios. También cuestionó que las autoridades se limiten a validar las asambleas, sin explorar alternativas que permitan a los campesinos participar como socios de los desarrollos o negociar condiciones más favorables en caso de vender sus tierras.
El ministro planteó que la justicia agraria no debe limitarse a resolver controversias sobre propiedad y posesión, sino considerar derechos relacionados con el agua, el medio ambiente, la salud y el bienestar de las comunidades. En ese sentido, propuso armonizar los artículos 2 y 27 de la Constitución, especialmente en los casos donde los ejidos y las comunidades agrarias también tienen carácter indígena.
Asimismo, defendió la protección constitucional del ejido y sostuvo que el derecho agrario no debe considerarse una materia secundaria, sino un derecho fundamental. Advirtió que ha perdido presencia en la enseñanza, las políticas públicas y los presupuestos, por lo que llamó a recuperar su dimensión social y a evitar que la propiedad colectiva continúe perdiendo terreno.
Finalmente, Aguilar Ortiz señaló que la conciliación debe tener un papel relevante en la atención de conflictos agrarios, debido a sus raíces históricas y sus componentes económicos, políticos y sociales. Sostuvo que la impartición de justicia debe medirse por las soluciones que ofrece a las comunidades y no únicamente por las sentencias que emite.
