Mientras la Corte respaldó que los incrementos anuales de alquiler no superen la inflación, legisladores y representantes del sector inmobiliario alertaron sobre posibles efectos de nuevas restricciones al mercado de vivienda.
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el límite al incremento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México, que establece que los ajustes no pueden superar la inflación del año anterior. La resolución se da en medio de la discusión de una nueva regulación local sobre arrendamiento, respecto de la cual legisladores y especialistas han advertido posibles distorsiones en el mercado inmobiliario.
El fallo corresponde al amparo en revisión 546/2025, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. El Pleno determinó que el artículo 2448 D del Código Civil capitalino es constitucional, al considerar que el límite busca proteger el derecho a una vivienda adecuada y evitar aumentos desproporcionados que dificulten a las personas mantener un espacio habitacional.
La Corte también delimitó el alcance del Registro Digital de Contratos de Arrendamiento. Estableció que únicamente podrá recopilar información indispensable para dar seguimiento estadístico a los precios de alquiler y diseñar políticas públicas, como el monto de la renta, el incremento acordado y la ubicación del inmueble por colonia y alcaldía. Deberán excluirse nombres de las partes, datos bancarios, fiscales y otras cláusulas que permitan identificar a propietarios e inquilinos.
En paralelo, la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió un nuevo debate en el Congreso capitalino. El proyecto contempla medidas para regular los arrendamientos y fortalecer la protección de las personas inquilinas, pero ha recibido cuestionamientos de representantes del sector inmobiliario y legisladores.
El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, advirtió que establecer restricciones adicionales a los precios de alquiler podría generar distorsiones y propiciar un mercado negro de rentas. Su bancada planteó una alternativa para establecer como límite mensual el equivalente al 1% del valor comercial del inmueble y anunció que no respaldaría el proyecto sin modificaciones.
Desde el sector inmobiliario, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha señalado que el tope anual vinculado con la inflación no ha provocado afectaciones relevantes a sus asociados; sin embargo, expresó preocupación por posibles controles directos sobre los precios, al considerar que podrían desincentivar inversiones y reducir la oferta de vivienda. Su presidente, Bosco Quinzaños, también señaló que la capital enfrenta un déficit habitacional y dificultades relacionadas con los permisos y la planeación urbana.
Por su parte, legisladores de oposición y especialistas han cuestionado distintos aspectos de la iniciativa, entre ellos la posibilidad de limitar el precio de los alquileres incluso cuando cambia el inquilino. También han advertido sobre eventuales efectos en la disponibilidad de inmuebles y la certeza jurídica para propietarios y arrendatarios.
La resolución de la SCJN valida el límite anual de aumentos conforme a la inflación, pero no establece un control general sobre el precio inicial de las viviendas en renta. Mientras tanto, la nueva iniciativa continúa en análisis legislativo y su contenido todavía puede modificarse antes de una eventual aprobación.
