La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que podría modificar la sentencia impuesta al responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango en Querétaro. El máximo tribunal del país revisará los parámetros legales bajo los cuales se dictó la condena original, centrándose en la proporcionalidad de la pena y la tipificación del delito de maltrato animal. Este caso, que marcó un precedente histórico en la justicia mexicana, vuelve al centro del debate jurídico debido a un recurso de revisión que cuestiona la severidad del castigo penal.
El incidente, ocurrido en junio de 2021, causó una profunda indignación nacional tras confirmarse que los canes, miembros destacados de los equipos de búsqueda y rescate, murieron tras ingerir salchichas contaminadas. En el juicio inicial, un tribunal local dictó una sentencia de más de 10 años de prisión y una reparación del daño económica significativa, argumentando la crueldad y la pérdida de ejemplares especializados. No obstante, la defensa del sentenciado promovió diversos juicios de amparo alegando que la pena impuesta excede los marcos establecidos en el código penal para este tipo de conductas.
Dentro del análisis que realizará la Primera Sala de la Corte, se evaluará si el juez de origen aplicó correctamente los criterios de individualización de la pena. El proyecto de sentencia sugiere que, si bien el acto es condenable y debe ser sancionado, la suma de las agravantes pudo haber derivado en una condena desproporcionada en comparación con otros delitos de impacto similar. Esta revisión técnica no busca exonerar al culpable, sino ajustar la temporalidad de la reclusión y las multas para que se apeguen estrictamente a la legalidad vigente y a los derechos fundamentales del procesado.
El caso de Athos y Tango ha sido un estandarte para las organizaciones protectoras de animales en México, quienes exigen que no se dé ni un paso atrás en la protección de los seres sintientes. La resolución de la Suprema Corte sentará un criterio fundamental sobre cómo deben juzgarse los actos de crueldad animal cuando involucran a ejemplares con funciones sociales específicas. La discusión técnica pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para equilibrar la demanda social de justicia con los principios de legalidad que rigen el derecho penal mexicano.
Se espera que la decisión final de los ministros sea anunciada en los próximos días, lo que definirá si el responsable permanece la totalidad de su condena en prisión o si obtiene una reducción sustancial. Las autoridades judiciales han señalado que cualquier ajuste en la sentencia deberá ir acompañado de medidas que garanticen la reparación del daño a los propietarios y a la sociedad. El fallo final será determinante para el futuro de la legislación sobre maltrato animal y la interpretación de las penas máximas en delitos no graves dentro del territorio nacional.
