En el Senado de la República proponen regular plataformas para menores y combatir la pornografía sintética generada con Inteligencia Artificial.
Ciudad de México. – La senadora Guadalupe Chavira, en conjunto con representantes del Poder Judicial, hizo un llamado a construir una política integral de Estado que combine prevención, sanción y reparación del daño ante la violencia digital. Durante un foro realizado en la antigua sede de Xicoténcatl, la legisladora informó que en el Senado ya se discuten reformas para garantizar la privacidad de menores en plataformas digitales y prohibir la publicidad dirigida a la niñez.
Chavira de la Rosa subrayó la urgencia de revisar tipos penales mal diseñados y exigir a las empresas tecnológicas una debida diligencia en el diseño seguro de sus interfaces. Advirtió que las violencias en línea son una extensión de desigualdades estructurales, por lo que la solución no debe limitarse al bloqueo de cuentas o la autocensura de las víctimas, sino a la creación de leyes técnicamente sólidas y aplicables que desmonten la impunidad en el ciberespacio.
Por su parte, magistrados y titulares de órganos de justicia coincidieron en que la seguridad digital es un asunto de seguridad nacional y derechos humanos. El magistrado Rafael Guerra, titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, señaló que la violencia digital trasciende a lo real como una forma contemporánea de desigualdad, demandando respuestas coordinadas con perspectiva de género. En el mismo sentido, el magistrado Eleazar Rubio Aldarán enfatizó que el acceso a un entorno digital seguro es ya parte del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la privacidad.
En el encuentro se alertó sobre el incremento crítico en el uso de Inteligencia Artificial para generar pornografía digital sintética. La magistrada Zulema Mosri, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, citó cifras de ONU Mujeres que revelan que 9 de cada 10 mujeres han presenciado ataques en línea y el 99% de los ataques sexuales digitales afectan a niñas y mujeres. Ante este panorama, los representantes judiciales y legislativos acordaron trabajar en una hoja de ruta que obligue a las instituciones a una colaboración constante para evitar que la realidad tecnológica rebase el marco jurídico.
