Artículo 19 reporta un incremento en homicidios, acoso judicial y censura contra periodistas en México, alertando sobre el grave deterioro de la libertad de expresión y la seguridad de la prensa.
La organización internacional Artículo 19 presentó un informe alarmante que documenta un incremento sustancial en las agresiones contra comunicadores en México durante el último año. El reporte destaca que el país se mantiene como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, subrayando que la violencia no solo se manifiesta en ataques físicos o desapariciones, sino también mediante un sofisticado sistema de acoso legal y censura administrativa. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre que afecta directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada de manera veraz.
El análisis detalla que el uso de mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas se ha convertido en una tendencia creciente por parte de diversos actores políticos y figuras públicas. Esta estrategia, conocida como acoso judicial, busca agotar los recursos financieros y emocionales de los profesionales de la información mediante demandas civiles o penales que carecen de sustento sólido pero que logran paralizar investigaciones críticas. Además, el informe señala que la estigmatización desde las esferas gubernamentales contribuye a legitimar las agresiones externas, creando un entorno de vulnerabilidad persistente para quienes laboran en medios digitales y tradicionales.
En cuanto a los casos de violencia letal, el documento revela que el número de homicidios relacionados con la labor periodística ha mostrado un repunte preocupante en diversas entidades del país. La impunidad sigue siendo el factor común en la mayoría de estos crímenes, lo que impide el acceso a la justicia y fomenta la repetición de los ataques. Artículo 19 enfatiza que la falta de protocolos de protección efectivos y el desmantelamiento gradual de instituciones de apoyo han dejado a los reporteros locales, especialmente a aquellos que cubren temas de seguridad y corrupción, en una situación de riesgo extremo sin precedentes recientes.
La censura digital y el bloqueo de contenidos en plataformas web también figuran como herramientas de control que han ganado terreno en el ecosistema informativo mexicano. Según la organización, se han detectado múltiples intentos por silenciar portales de noticias mediante ataques cibernéticos y reportes masivos para dar de baja información de interés público. Esta modalidad de agresión busca borrar el rastro de investigaciones periodísticas que exponen irregularidades administrativas, limitando el alcance de las notas en redes sociales y motores de búsqueda, lo que reduce significativamente el impacto de la labor de vigilancia que realizan los medios.
Ante este panorama, diversos organismos defensores de los derechos humanos han hecho un llamado urgente a las autoridades mexicanas para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la integridad de los periodistas. Se espera que en los próximos meses se realicen mesas de trabajo para revisar la legislación actual y frenar el uso del aparato judicial como herramienta de censura. El cierre de filas por parte del gremio periodístico será fundamental para exigir que el Estado cumpla con su obligación de brindar un entorno seguro y libre de represalias para el ejercicio de la libertad de prensa en todo el territorio nacional.
