Legisladores proponen postergar la segunda fase de la elección judicial en México de 2027 a 2028 para optimizar los procesos de selección y desahogar la carga electoral.
Legisladores del partido oficialista presentaron una iniciativa formal para postergar la segunda fase de la elección de jueces, magistrados y ministros, originalmente programada para 2027, con el objetivo de trasladarla al año 2028. Esta propuesta busca desahogar la carga administrativa y logística que representa el proceso electoral intermedio, además de permitir ajustes técnicos al modelo de selección de perfiles que integrarán el Poder Judicial de la Federación.
La modificación sugerida plantea que el proceso para elegir al 50 por ciento restante de los juzgadores federales se realice de forma separada a los comicios de 2027, donde se renovarán más de 19 mil cargos de elección popular en todo el país. Según los promotores de la medida, este cambio evitaría la saturación del sistema electoral y garantizaría que la ciudadanía pueda enfocarse de manera exclusiva en los perfiles judiciales, promoviendo una participación más informada y reduciendo la complejidad de las boletas.
Dentro de los cambios estructurales que acompañan esta prórroga, se contempla la optimización de los filtros de evaluación para los aspirantes. La intención es endurecer los criterios técnicos y establecer certificaciones obligatorias para quienes deseen postularse, asegurando que solo los perfiles más capacitados lleguen a la etapa final del proceso. Asimismo, se busca blindar el modelo contra influencias partidistas externas para preservar la independencia de los futuros juzgadores en sus funciones.
Respecto al uso del método de insaculación, la propuesta establece que la tómbola se utilice únicamente como un recurso de desempate entre candidatos que cuenten con las mismas calificaciones y méritos académicos. Con esto se pretende priorizar la trayectoria profesional y el conocimiento jurídico sobre el azar, respondiendo a las críticas recibidas durante las primeras etapas de implementación de la reforma sobre la posible exclusión de perfiles con amplia experiencia en la carrera judicial.
El cierre de los acuerdos para concretar este aplazamiento se definirá en un próximo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se discutirán las implicaciones constitucionales de mover la fecha. Las dirigencias partidistas han señalado que esta prórroga es una oportunidad para corregir fallas operativas detectadas en los primeros ejercicios y consolidar un sistema de elección popular de juzgadores que sea sostenible a largo plazo en el contexto democrático mexicano.
