Autoridades del INE y el Tribunal Electoral gestionan ante el Congreso aplazar la elección judicial a 2028 debido a la complejidad técnica y los altos costos operativos.
El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han iniciado gestiones urgentes ante el Poder Legislativo con el objetivo de posponer la elección de jueces, magistrados y ministros. A solo unas semanas de que venza el plazo legal para realizar modificaciones constitucionales, las autoridades electorales advierten sobre la extrema complejidad técnica y logística que implica organizar estos comicios de manera concurrente con los procesos federales y locales previstos para el próximo año.
La consejera presidenta del organismo electoral solicitó formalmente un encuentro con legisladores para exponer los riesgos operativos de llevar a cabo todas las votaciones en una misma jornada. Entre las principales preocupaciones destaca la necesidad de imprimir millones de boletas adicionales y capacitar a funcionarios de casilla bajo un esquema diferenciado, ya que la ley prohíbe la participación de partidos políticos en la elección judicial, lo que obliga a crear estructuras receptoras de votos totalmente independientes a las tradicionales.
De acuerdo con los planteamientos del órgano electoral, realizar ambos procesos de forma simultánea no solo compromete la certeza operativa, sino que elevaría significativamente los costos presupuestales. Existe un consenso interno entre los consejeros sobre la viabilidad de trasladar la elección de los más de ochocientos juzgadores hasta el año 2028, permitiendo así una planeación adecuada que no sature la capacidad instalada del sistema electoral mexicano ni confunda al electorado con una cantidad excesiva de urnas.
Por su parte, la presidencia del Tribunal Electoral ha sostenido reuniones con funcionarios del Gobierno Federal para analizar la ruta jurídica de esta solicitud. Actualmente, el tiempo es el principal obstáculo, debido a que se requeriría que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones de forma inmediata para aprobar las reformas necesarias que permitan el aplazamiento legal de la contienda judicial.
El desenlace de estas gestiones de última hora dependerá de la voluntad política en el Congreso de la Unión para modificar el calendario vigente. Mientras las autoridades electorales insisten en que la prórroga es fundamental para garantizar la transparencia y el rigor del proceso, los representantes legislativos evalúan si los cambios técnicos justifican una nueva reforma constitucional a contrarreloj antes de que inicie formalmente el ciclo electoral.
