Bajo la consigna de detener el despojo de tierras, manifestantes acusan directamente a los magistrados Alberto Pérez y Maribel Méndez de operar contra los intereses indígenas y campesinos.
CIUDAD DE MÉXICO. – Un grupo de ejidatarios y representantes de comunidades indígenas se manifestó frente al Senado de la República para denunciar una red de decisiones judiciales que, acusan, ha facilitado la entrega de tierras sociales a desarrolladores inmobiliarios. Con pancartas dirigidas a los integrantes de los Tribunales Agrarios, los inconformes solicitaron la intervención urgente de los senadores ante lo que califican como un daño histórico al sistema de propiedad ejidal y comunal en México.
Las consignas señalaron directamente al magistrado Alberto Pérez, a quien acusaron de desconocer la legislación agraria y de bloquear la entrega de una casa ejidales. En las pancartas exhibidas en las inmediaciones de la Cámara Alta, los manifestantes exigieron al funcionario dejar de intervenir en el Ejido Garita de Jalisco, señalando que sus determinaciones jurídicas han impedido que las familias reciban sus propiedades legítimas.
Asimismo, los reclamos se extendieron a la magistrada Maribel Méndez de L., a quien los grupos agrarios señalaron por emitir votos sistemáticos en contra de los núcleos ejidales.
“Los tribunales se crearon el 8 de julio de 1992 para defender la tierra; tú nos la quitas y se las entregas a los desarrolladores inmobiliarios abusivos”, rezaba uno de los mensajes centrales de la movilización, subrayando la contradicción entre el origen constitucional de los tribunales y el sentido de sus resoluciones actuales.
La movilización busca que el Senado de la República atraiga el análisis del sistema de justicia interna de los tribunales agrarios, el cual, según el pliego de quejas, ha vulnerado históricamente los intereses de los pueblos originarios. Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el sitio hasta obtener el compromiso de los legisladores para revisar el actuar de los magistrados señalados, insistiendo en que la justicia agraria en México se encuentra capturada por intereses económicos que priorizan la especulación urbana sobre la seguridad jurídica de los campesinos.
