Una investigación exclusiva de La Silla Rota revela la comercialización clandestina de cuentas de consulta de expedientes; en redes sociales exigen auditar al personal judicial.
Ciudad de México. – Las alertas de seguridad en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se encendieron tras revelarse una presunta comercialización clandestina de accesos al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la herramienta tecnológica oficial y exclusiva que utilizan los juzgadores para la gestión y consulta de los asuntos judiciales del país. De acuerdo con una investigación exclusiva publicada por el medio de comunicación La Silla Rota, la oferta de estas cuentas con acceso “ilimitado” a los archivos restringidos se está realizando de manera abierta a través de la aplicación de mensería instantánea WhatsApp.
La difusión de este reporte provocó reacciones inmediatas dentro del ámbito jurídico y en las redes sociales. Específicamente, la cuenta especializada de la plataforma X identificada como @PjfSecretario lanzó un cuestionamiento directo sobre la vulneración de los filtros informáticos y el uso indebido de las credenciales institucionales, señalando de forma explícita el número telefónico desde donde se coordina el presunto mercado negro. “En el número 55 31 18 49 97 que aparece en la imagen están ofreciendo acceso ilimitado al SISE del Poder Judicial. Si es verdad, ¿alguien está haciendo negocio con acceso ilimitado a un sistema que es de uso exclusivo de funcionarios del PJF?”, denunció la cuenta, abriendo interrogantes sobre si la filtración proviene desde el interior del aparato judicial.
Desde una perspectiva técnico-procesal, el SISE concentra la información sensible y el estado que guardan los juicios federales, por lo que cualquier ingreso no autorizado o comercialización de cuentas de usuario compromete la integridad de los procedimientos y viola las normativas de protección de datos personales de los gobernados. Con esta filtración se vulneran los registros de los justiciables en el sistema electrónico. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Poder Judicial de la Federación no han emitido ningún posicionamiento oficial ni han aclarado si el ofrecimiento detectado por La Silla Rota constituye un acceso auténtico a la base de datos o si se trata de una modalidad de fraude dirigida a los litigantes, mientras especialistas del sector exigen una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
