En medio de posturas encontradas y una discusión de varias horas, avanzó la reforma constitucional que aplaza la elección judicial hasta 2028 y establece la nulidad de elecciones ante posibles casos de injerencia extranjera.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas constitucionales que aplaza la elección judicial hasta 2028, una medida que modifica el calendario original previsto para 2027. Con 341 votos a favor de los partidos de la mayoría y 124 en contra de la oposición, el pleno avaló esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, la cual también incorpora de manera inédita la intervención extranjera como una causal explícita para declarar la nulidad de los procesos electorales en el país.
La propuesta, promovida bajo el argumento de optimizar los mecanismos de evaluación de candidaturas, busca otorgar un mayor margen operativo al nuevo modelo de organización para la renovación de jueces, magistrados y ministros. De acuerdo con el dictamen defendido por la bancada de Morena y sus aliados, la prórroga de un año resulta indispensable para garantizar la viabilidad técnica de los comicios y corregir lagunas procedimentales heredadas de la reforma estructural aprobada durante el año 2024.
Por su parte, las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo en la tribuna de San Lázaro, argumentando que las modificaciones evidencian una falta de planeación en la implementación de la reforma judicial. Los legisladores de la oposición señalaron que postergar la votación popular y sumar causales de nulidad abre la puerta a riesgos de discrecionalidad política, lo que podría derivar en una severa judicialización de las futuras contiendas electorales en México.
Tras un intenso debate marcado por confrontaciones ideológicas entre los bloques partidistas, la mesa directiva de San Lázaro dio por concluida la discusión parlamentaria al no registrarse abstenciones. El proyecto de decreto fue remitido formalmente al Senado de la República, donde se prevé su análisis, dictaminación y eventual votación definitiva durante las sesiones del próximo periodo extraordinario de sesiones.
