Personal administrativo y de juzgados del órgano judicial del estado denuncia la falta de aumentos de sueldo desde hace más de una década y la carencia de materiales básicos de papelería en sus áreas de trabajo.
Puebla, Puebla. — Empleados adscritos al Poder Judicial del Estado de Puebla hicieron pública una serie de inconformidades relacionadas con las condiciones laborales bajo las cuales operan, entre las que destacan el estancamiento de sus percepciones económicas y el desabasto de herramientas elementales para el desahogo de las actividades jurisdiccionales.
Los inconformes, quienes desempeñan funciones operativas y administrativas en diversos juzgados y oficialías de partes de la entidad, señalaron que las remuneraciones del personal de base no han registrado incrementos significativos en los últimos doce años, lo que representa un rezago frente al costo de la vida actual.
Aunado a la demanda salarial, el personal judicial reportó que las instalaciones carecen de suministros de papelería básicos —como hojas de papel Bond, carpetas, bolígrafos y tóners para impresión—, una situación que, aseguran, entorpece la integración formal de los expedientes e interrumpe los flujos de atención ciudadana.
Los trabajadores refirieron que, ante la falta de asignación presupuestal para el mantenimiento operativo de las oficinas, en múltiples ocasiones se han visto obligados a costear con recursos propios los materiales de oficina mínimos necesarios para evitar la parálisis de los procesos legales y el diferimiento de las audiencias.
De igual forma, manifestaron que las cargas de trabajo administrativas se han incrementado de manera desproporcionada a raíz de la implementación de las fases de la reforma al sistema judicial de la entidad, sin que esto se traduzca en una reestructuración de plazas, en el pago de horas extraordinarias o en incentivos laborales para el personal operativo.
Hasta el momento, los representantes de la base trabajadora indicaron que buscarán establecer una mesa de diálogo formal con el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado y la administración central del Poder Judicial local, con la finalidad de plantear un pliego petitorio que resuelva las deficiencias normativas y de abasto antes de evaluar posibles paros de labores.
