Una declaración realizada durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación colocó en el centro de la discusión pública el modelo turístico “all inclusive”.
Ciudad de México.- Una declaración de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, generó controversia durante una sesión pública del máximo tribunal, al referirse al funcionamiento de los hoteles bajo el esquema “all inclusive” en el contexto de una discusión relacionada con el acceso a playas y espacios turísticos.
Durante su participación, la ministra expresó preocupación por lo que consideró obstáculos para que los ciudadanos puedan disfrutar libremente de las playas mexicanas, señalando que en diversos destinos turísticos existen percepciones de exclusión hacia la población local.
“Estoy cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas nos digan ‘no pueden entrar’, porque son all inclusive. Ese all inclusive es que ‘tú mexicano no tienes derecho a pasar’”, comentó la ministra.
Las declaraciones fueron difundidas ampliamente en redes sociales y generaron reacciones encontradas entre usuarios, especialistas en turismo y representantes del sector hotelero. Mientras algunos respaldaron el planteamiento al considerar que existen barreras de acceso en ciertos desarrollos turísticos, otros señalaron que el concepto “all inclusive” se refiere a un modelo comercial de hospedaje que incluye servicios previamente contratados por los huéspedes.
El debate surgió en medio de una discusión sobre derechos de acceso a espacios públicos y la relación entre la actividad turística y el aprovechamiento de las zonas costeras. Diversos usuarios cuestionaron la interpretación realizada por la ministra, argumentando que los hoteles con este esquema operan bajo reglas de prestación de servicios y no bajo criterios de nacionalidad.
Por su parte, voces afines a la postura de Ortiz señalaron que, más allá del término utilizado, el señalamiento pone sobre la mesa una problemática que ha sido denunciada durante años por habitantes de comunidades costeras, quienes aseguran enfrentar dificultades para acceder a determinadas áreas cercanas a complejos turísticos.
La polémica se extendió rápidamente a plataformas digitales, donde el comentario se convirtió en tema de conversación y generó opiniones divididas sobre el acceso a las playas, la operación de los desarrollos turísticos y el papel de las autoridades en la protección de los espacios públicos.
Hasta el momento, la ministra no ha emitido una aclaración adicional sobre sus declaraciones, mientras que el debate continúa entre quienes consideran que el tema refleja una discusión más amplia sobre el uso y disfrute de los recursos turísticos del país.
