Tras pasar casi 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia firme y un escándalo por un montaje televisivo, los magistrados agotan los recursos de la FGR y ratifican la absolución de la causa penal manchada por el montaje televisivo de 2005.
Cuidad de México. – En un fallo definitivo e inapelable que pone fin a uno de los litigios más polémicos de la historia jurídica del México, un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia absolutoria y la orden de liberación definitiva a favor de Israel Vallarta. La resolución emitida por los magistrados federales agota formalmente todos los recursos legales con los que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía revertir el veredicto, decretando el cierre total del expediente ordinario.
El dictamen judicial confirma los criterios de la jueza de Distrito, Mariana Vieyra Valdez, quien determinó que el Ministerio Público de la Federación fue incapaz de aportar elementos probatorios suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro. La juzgadora concluyó que la acusación carecía de consistencia técnica debido al acumulamiento de violaciones sistemáticas al debido proceso, indicios fundados de tortura y contradicciones insalvables en los testimonios que integraban la indagatoria penal.
El origen de la contaminación judicial se remonta a diciembre de 2005, cuando agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) capturaron a Vallarta junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, acusándolos de liderar la banda “Los Zodiaco”. El arresto fue enmarcado en un operativo presentado originalmente como el rescate en vivo de víctimas; sin embargo, se descubrió que los implicados ya habían sido detenidos con horas de antelación y que los hechos fueron recreados para las cámaras de televisión abierta, principalmente en la cobertura encabezada por el periodista Carlos Loret de Mola en Televisa. Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, admitió posteriormente que la escenificación fue una recreación solicitada, lo que generó un “efecto corruptor” destructivo sobre la validez de las pruebas recolectadas.
A pesar de emanar de la misma captura, los implicados corrieron con destinos jurídicos diferenciados. Mientras que en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Florence Cassez por violaciones flagrantes a sus derechos fundamentales derivadas del montaje en televisión, Vallarta permaneció recluido en prisiones federales durante casi dos décadas bajo el esquema de prisión preventiva prolongada, enfrentando diversas causas adicionales sin recibir jamás una condena firme.
La conclusión definitiva del proceso penal dividió opiniones en el espectro social y jurídico. Por un lado, los familiares de las víctimas de secuestro manifestaron su abierto rechazo y acusaron debilidad del Estado para sancionar los delitos de alto impacto; por el otro, organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron el fallo al catalogarlo como un referente histórico obligatorio para erradicar el abuso de la prisión preventiva y sancionar las fallas de origen en las investigaciones criminales.
