Con este fallo, la justicia federal calificó de erróneo el criterio de la autoridad de Chihuahua, obligando al tribunal local a revisar a fondo las impugnaciones contra las sanciones a sus brigadas de salud.
Guadalajara, Jal. – En una decisión dividida que reconfigura el mapa legal de la batalla electoral en Chihuahua, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia local que mantenía bloqueada la defensa de la senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño. Con este fallo, la justicia federal tumbó el criterio estatal que impedía a la legisladora controvertir un proceso sancionador y la imposición de medidas cautelares en su contra, abriendo una nueva etapa en el litigio que enfrenta la parlamentaria.
El expediente, identificado formalmente bajo la clave SG-JG-35/2026, llegó a la instancia federal tras un controvertido resolutivo del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Dicho órgano local había congelado los medios de impugnación interpuestos por Chávez Treviño, decretando un sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que la senadora carecía de interés jurídico para defenderse durante las fases preliminares de la investigación que se sigue en su contra a nivel estatal.
El fondo de este conflicto legal se remonta a una serie de quejas presentadas ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, las cuales acusaban a la legisladora federal de presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y desvío de recursos públicos. La denuncia original apuntaba de manera directa al despliegue de las denominadas caravanas o brigadas de salud en diversos municipios de la entidad, señalando que los consultorios móviles y las ambulancias portaban el nombre y la fotografía de la senadora con fines de posicionamiento de imagen frente a la ciudadanía.
En su momento, la Comisión de Quejas del Instituto local dictó medidas cautelares obligando al retiro inmediato de toda propaganda vinculada a estas brigadas médicas, argumentando la necesidad de salvaguardar la equidad de la contienda. Al intentar impugnar tanto el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador como las restricciones impuestas a su programa social, el Tribunal de Chihuahua le cerró el paso legal y confirmó la validez de los acuerdos locales, lo que obligó a su equipo jurídico a acudir a la justicia federal.
La postura del tribunal chihuahuense no resistió el análisis de la Sala Regional Guadalajara. Por mayoría de votos, el pleno determinó que la autoridad electoral de Chihuahua erró al negarle a la senadora la posibilidad de combatir los actos que afectan directamente su esfera de derechos, por lo que ordenó revocar la sentencia y reabrir la vía procesal para que se estudien sus argumentos.
A pesar del fallo favorable para la legisladora, el caso dejó al descubierto marcadas discrepancias técnicas y políticas entre los integrantes del pleno federal. La propuesta original de resolución estuvo a cargo del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, un perfil públicamente identificado con los intereses del Partido Acción Nacional en la región y con el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. El proyecto de Guerrero Olvera pretendía convalidar el bloqueo del tribunal de Chihuahua, sosteniendo la tesis legal de que la senadora morenista no debía tener acceso a defenderse formalmente contra el procedimiento local ni contra el retiro de sus programas sociales en esta etapa, una postura que en los hechos prolongaba el cerco jurídico en su estado natal.
Sin embargo, los argumentos del ponente fueron rechazados por el voto de la mayoría de sus pares, quienes calificaron la medida como violatoria de los derechos procesales básicos de la denunciada. Ante el revés y la falta de eco a su propuesta, Guerrero Olvera se vio obligado a formalizar su disidencia emitiendo un voto particular para dejar registro escrito de su criterio restrictivo.
Debido al rechazo del documento inicial, la redacción de la sentencia definitiva quedó bajo la responsabilidad directa de la Magistrada Presidenta de la Sala, Rebeca Barrera Amador, quien plasmó los razonamientos de la mayoría que terminaron por destrabar el recurso de la legisladora. Con esta resolución, el expediente regresa a la mesa del tribunal chihuahuense, obligando a las autoridades locales a entrar de manera obligatoria al estudio de fondo de los agravios reclamados por Andrea Chávez.
