El sector empresarial cambió el tono frente a la polémica reforma judicial y ahora ve con buenos ojos mover la elección de jueces hasta 2028 para evitar riesgos y dar mayor certeza jurídica.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la propuesta del gobierno federal para aplazar hasta 2028 la elección judicial, al considerar que la medida abre la puerta para corregir fallas, fortalecer los mecanismos de evaluación y evitar problemas operativos en el nuevo modelo de justicia.
Luis Beas, presidente de Coparmex Jalisco, aseguró que el organismo empresarial observa de manera positiva la decisión de revisar la implementación de la reforma judicial y dar más tiempo para perfeccionar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros.
El posicionamiento llamó la atención debido a que, meses atrás, Coparmex había sido una de las voces más críticas contra la reforma impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir riesgos para la autonomía del Poder Judicial y la estabilidad económica del país.
Ahora, el organismo empresarial considera que el aplazamiento podría servir para mejorar filtros, aplicar evaluaciones más rigurosas y reducir la incertidumbre jurídica que generó la reforma aprobada en 2024.
La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum busca mover la elección judicial prevista para 2027 hasta junio de 2028, además de introducir cambios en los mecanismos de selección de aspirantes y nuevas reglas para evitar irregularidades dentro del Poder Judicial.
En medio del debate, Morena y sus aliados han defendido que la reforma permitirá consolidar un sistema judicial más transparente y confiable, mientras que sectores de oposición continúan acusando riesgos de concentración de poder y posible control político sobre tribunales y órganos electorales.
El tema ya se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión y se prevé que avance rápidamente en el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría legislativa para sacar adelante el paquete de modificaciones impulsado por el gobierno federal.
Con el respaldo parcial de organismos empresariales como Coparmex, la administración federal suma un nuevo argumento para defender uno de los cambios más polémicos del sexenio y que podría redefinir el futuro del Poder Judicial en México.
