La integrante del Máximo Tribunal señala que contar con una empleada doméstica “no implica que exista una relación laboral” de manera automática; especialistas y usuarios en redes cuestionan la postura jurídica.
Ciudad de México. – Una nueva controversia jurídica y social se abrió en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras las declaraciones de la ministra Estela Ríos González respecto a la naturaleza legal del trabajo del hogar. La ministra argumentó que el hecho de tener una trabajadora doméstica en un domicilio “no implica que exista una relación laboral” de forma automática, bajo la premisa de que es necesario analizar a fondo las circunstancias específicas de cada caso, así como la naturaleza real del vínculo establecido entre las personas involucradas.
La postura de la integrante del tribunal constitucional generó reacciones inmediatas en plataformas digitales y foros legales. Usuarios, activistas y especialistas en derecho constitucional y laboral cuestionaron el alcance de sus criterios jurídicos, abriendo una discusión técnica sobre las fronteras que dividen a una relación de carácter doméstico o familiar de un esquema laboral formal que deba ser sujeto a obligaciones patronales.
El fondo de la polémica radica en el impacto que estos criterios pueden tener sobre los derechos adquiridos en la materia. Durante los últimos años, la propia Suprema Corte y la legislación federal mexicana avanzaron de manera progresiva en el reconocimiento del trabajo en el hogar como una actividad económica formal, ordenando su incorporación obligatoria al régimen de seguridad social y garantizando prestaciones de ley equivalentes a las de cualquier otra rama laboral.
Ante la discusión generada, defensores de los derechos de los trabajadores han señalado que condicionar la existencia de la relación laboral al análisis casuístico podría abrir brechas de interpretación que debiliten la certeza jurídica del sector. El debate se mantiene abierto en el ámbito legal, donde los ministros de la Corte deberán resolver futuras contradicciones de criterios para delimitar con claridad las obligaciones que rigen en los hogares del país.
