Bajo el grito de “tierra y justicia”, ejidatarios desenmascaran una simulación judicial que data de 1997 y exigen al Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, detener el robo de territorios indígenas.
Por: Alejandra Gutiérrez O.
CIUDAD DE MÉXICO. – Un nutrido grupo de ejidatarios de diversos estados denunció este jueves que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido cómplice de una deuda histórica que mantiene a miles de familias en la indefensión absoluta. La movilización, encabezada por la Central Campesina Cardenista, reveló que desde agosto de 1997 se informó falsamente al Ejecutivo Federal sobre el turno de más de 20 mil expedientes a los Tribunales Agrarios, cuando en realidad el 90% de esos casos permanecieron ocultos en el Archivo General Agrario “durmiendo el sueño de los justos”.
Durante la protesta frente a la sede de la Corte, los manifestantes entregaron un pliego petitorio para el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, acusando que esta “simulación judicial” ha sido la herramienta perfecta para facilitar el avance de desarrollos inmobiliarios sobre territorios ancestrales. Diego Espinoza Maturano, Coordinador de Asuntos Campesinos e Indígenas, fue tajante al señalar que ya no aceptarán convenios insuficientes que sólo atienden conflictos resueltos, exigiendo una ruta de trabajo real que detenga el asedio contra el patrimonio de las comunidades.
“Se nombra por el fin del rezago agrario, por un fin real, no un fin simulado como el de 1997, en donde se informaba que habían sido turnados todos los expedientes a los tribunales y hoy nos damos cuenta de que cerca del 90% de esos expedientes siguen en el Archivo General Agrario durmiendo el sueño de los justos. Ya basta, este Supremo Corte tendrá que posicionarse y nombrarse en favor del fin total del rezago agrario y de las injusticias que por décadas hemos sufrido”, sentenció el líder campesino, Diego Espinoza.
Las demandas urgentes presentadas ante el tribunal incluyen la incorporación inmediata de este rezago histórico al convenio de colaboración con la Corte y la creación de una Mesa de Trabajo Permanente para proteger a 400 comunidades del Estado de México. Asimismo, los campesinos urgieron la implementación de un Programa de Conciliación y Justicia Agraria específico para el Bosque de Agua, donde la falta de títulos de propiedad, agravada por el olvido institucional, ha dejado las fuentes de agua y los bosques a merced de la especulación urbana.
La movilización concluyó con una advertencia sobre la urgencia de capacitación especializada para abogados ejidales y un llamado a que la Corte exhorte al Congreso de la Unión para aumentar el presupuesto destinado al campo, el cual ha sido históricamente castigado. Con esta entrega de documentos, los ejidatarios buscan que el sistema legal mexicano abandone la opacidad y asuma de una vez por todas la restitución de derechos para frenar las injusticias que, por décadas, han sufrido quienes trabajan la tierra.
