La asociación de jueces y magistrados advirtió que aplazar la elección judicial no resuelve la crisis del Poder Judicial y acusó al oficialismo de corregir un modelo inviable.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió que la próxima elección judicial se limite únicamente a las vacantes reales generadas por renuncias, jubilaciones o fallecimientos, al considerar que una renovación masiva pondría en riesgo la estabilidad y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la iniciativa para aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección judicial y modificar distintos aspectos del proceso, la organización sostuvo que el cambio de fecha representa una admisión de que el modelo original presenta fallas estructurales y problemas operativos.
La asociación también propuso que jueces y magistrados de carrera que perdieron sus cargos durante la elección de 2025 puedan tener una nueva oportunidad para regresar a sus plazas mediante reglas diferenciadas, argumentando que ya cuentan con experiencia y trayectoria dentro del sistema judicial.
En un posicionamiento público, la JUFED aseguró que posponer la elección no resuelve la crisis de legitimidad ni el desgaste institucional que enfrenta el Poder Judicial, sino que únicamente prolonga la incertidumbre sobre el futuro del sistema de justicia en México.
El organismo cuestionó además varias de las modificaciones planteadas en la reforma, entre ellas la reducción del número de candidaturas para la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como la simplificación de boletas electorales. A su juicio, estas medidas no eliminan el riesgo de politización ni solucionan la complejidad del proceso electoral judicial.
La organización también criticó la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación, al considerar que ello confirma que los comités encargados de revisar perfiles en 2025 carecieron de una metodología técnica sólida para garantizar aspirantes con preparación suficiente.
Otro de los puntos señalados fue la propuesta de establecer programas obligatorios de capacitación para jueces y magistrados, pese a que muchos de ellos cuentan con décadas de experiencia jurisdiccional. En contraste, la asociación sostuvo que quienes no pertenezcan a la carrera judicial deberían acreditar evaluaciones y formación previa antes de aparecer en una boleta electoral.
La JUFED advirtió además que los recursos destinados a organizar la elección judicial en 2028 deberían utilizarse para fortalecer la infraestructura de tribunales, ampliar la defensoría pública y reducir el rezago de expedientes que afecta a millones de personas en el país.
Finalmente, la organización pidió que se permita el retiro voluntario de juzgadores que ya contemplaban dejar el cargo en 2027 y que se garantice el pago inmediato de sus prestaciones conforme a la ley.
