La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente jurídico trascendental al determinar que el cálculo para el pago de indemnizaciones por muerte debe realizarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del salario mínimo. Esta resolución busca unificar los criterios judiciales en el país, aclarando la aplicación de las reformas constitucionales que desindexaron el salario mínimo de diversos supuestos legales y obligaciones financieras. Con esta decisión, el máximo tribunal del país define la ruta que deberán seguir los jueces al dictar sentencias relacionadas con la reparación del daño en casos de fallecimiento.
El fallo de la Segunda Sala de la Corte surge tras un análisis sobre la naturaleza de las indemnizaciones, las cuales no son consideradas como una remuneración laboral directa, sino como una compensación civil o administrativa. Los ministros argumentaron que el salario mínimo debe protegerse exclusivamente como una base para el sustento del trabajador y su familia, mientras que la UMA es el indicador diseñado específicamente para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Esta distinción técnica es fundamental para evitar distorsiones en el sistema económico y legal mexicano.
La decisión tiene un impacto directo en la forma en que las aseguradoras, empresas y el propio Estado mexicano liquidarán los compromisos derivados de decesos en accidentes o incidentes legales. Anteriormente, existía una disparidad de criterios que generaba incertidumbre jurídica, ya que algunos tribunales mantenían el cálculo basado en el salario mínimo, el cual ha tenido incrementos porcentuales significativamente mayores a la inflación en años recientes. Al estandarizar el uso de la UMA, el Poder Judicial busca garantizar una aplicación de la ley más equitativa y acorde con las normativas vigentes en materia de seguridad social y responsabilidad civil.
Durante la sesión, se enfatizó que esta medida no vulnera los derechos de los beneficiarios, sino que dota de coherencia al sistema de justicia frente a la realidad macroeconómica del país. La transición hacia la UMA como referencia principal ha sido un proceso gradual en la legislación mexicana desde 2016, y este pronunciamiento de la Corte cierra uno de los debates más recurrentes en los juzgados de lo civil y administrativo. Los especialistas señalan que esta interpretación permitirá una mayor celeridad en la resolución de expedientes que se encontraban detenidos por la falta de un criterio unificado sobre el monto de las reparaciones.
Tras la publicación de esta tesis jurisprudencial, todos los tribunales locales y federales de México están obligados a aplicar el nuevo parámetro en sus resoluciones futuras. Las autoridades judiciales destacaron que este ajuste normativo es esencial para mantener la estabilidad del sistema de indemnizaciones, evitando que el salario mínimo pierda su función social original. Se espera que en los próximos meses se realicen las adecuaciones correspondientes en los reglamentos estatales para que las instituciones de procuración de justicia operen bajo este lineamiento técnico sin excepciones.
