Movimiento Ciudadano impugnó los cambios aprobados por el Congreso estatal, al considerar que los nuevos requisitos dificultan que la ciudadanía solicite la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle.
Xalapa, Veracruz. Movimiento Ciudadano (MC) llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma a la revocación de mandato en Veracruz, al cuestionar las modificaciones aprobadas por el Congreso local para activar este mecanismo de participación ciudadana.
La impugnación busca que el máximo tribunal revise la constitucionalidad de los nuevos requisitos establecidos en la legislación estatal. La dirigencia de MC sostiene que las modificaciones dificultan la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle García.
Uno de los principales puntos de inconformidad es el plazo para reunir las firmas necesarias. De acuerdo con los cuestionamientos del partido, la reforma redujo de dos meses a uno el periodo para recabar los apoyos equivalentes al 10% de la lista nominal de electores, requisito para solicitar el procedimiento.
Además, las modificaciones contemplan condiciones territoriales para reunir las firmas, lo que, de acuerdo con los opositores a la reforma, incrementa las dificultades para organizar el ejercicio. En Veracruz, el respaldo requerido representa cientos de miles de firmas, por lo que el tiempo disponible y su distribución geográfica son parte central de la controversia.
La reforma fue aprobada por el Congreso de Veracruz a finales de junio de 2026, como parte de los cambios a la legislación estatal en materia de revocación de mandato. Movimiento Ciudadano anunció desde julio que acudiría a la SCJN para solicitar la revisión de las disposiciones, al considerar que restringen el ejercicio de un derecho de participación política.
El Partido Acción Nacional (PAN) también manifestó su intención de impugnar los cambios ante la Corte. Su dirigencia estatal cuestionó los requisitos adicionales y sostuvo que corresponde a la SCJN determinar si las reglas aprobadas por el Congreso respetan el marco constitucional.
La controversia coloca bajo revisión judicial los requisitos establecidos en Veracruz para activar la revocación de mandato. La presentación de la impugnación no significa que la Corte haya declarado inconstitucional la reforma; esa determinación dependerá del análisis y la resolución que emita el máximo tribunal.
