Un proyecto que será discutido por la Suprema Corte plantea que las recomendaciones de la CIDH sobre desplazamiento forzado interno no generan obligaciones jurídicas directas para el Estado mexicano.
Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, presentó un proyecto de resolución que propone establecer que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado interno no tienen carácter vinculante dentro del orden jurídico mexicano.
La propuesta será discutida por el máximo tribunal en el marco de un amparo promovido por la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización que acusa una presunta omisión del Estado mexicano por no contar con una legislación federal específica para atender a las personas desplazadas por la violencia.
De acuerdo con el proyecto, ni el Congreso de la Unión ni el Poder Ejecutivo federal tienen una obligación constitucional expresa de expedir una ley o destinar recursos presupuestales para atender este fenómeno, por lo que correspondería a ambos poderes definir las políticas públicas que consideren pertinentes dentro de sus facultades.
La organización promovente sostiene que el Estado mexicano sí tiene obligaciones derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos y ha señalado que la CIDH emitió recomendaciones en 2013, 2015 y 2022 para que México adoptara una legislación federal en la materia, creara instituciones especializadas y asignara recursos para atender a las personas afectadas por desplazamiento forzado interno.
Según el proyecto de la ministra Ríos González, dichas recomendaciones tendrían un carácter orientador, pero no generarían una obligación jurídica directa exigible mediante un juicio de amparo. La propuesta retoma criterios previamente discutidos por la propia Suprema Corte respecto al alcance de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
El asunto ha generado interés entre organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que una eventual aprobación podría influir en futuros litigios relacionados con desplazamiento forzado interno y en la interpretación de las obligaciones del Estado mexicano frente a recomendaciones formuladas por organismos internacionales.
Datos presentados por organizaciones civiles señalan que el desplazamiento forzado continúa siendo una problemática relevante en diversas regiones del país, motivo por el que han solicitado la intervención y seguimiento de organismos internacionales especializados en derechos humanos.
Además de este expediente, la Suprema Corte tiene previsto analizar otro asunto relacionado con desplazamiento forzado en Chiapas, en el que se plantea ordenar acciones para la implementación de mecanismos estatales de atención y protección a personas desplazadas.
