Un tribunal federal rechazó modificar la medida cautelar del capitán Humberto Enrique López; la Fiscalía General de la República lo procesa por operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada.
Ciudad de México. — El sistema de justicia federal confirmó la permanencia del capitán de la Secretaría de Marina (Semar), Humberto Enrique López, en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, tras negarle la protección de un amparo. La resolución judicial mantiene vigente la prisión preventiva justificada en el Cefereso Número 1, al considerar indispensables las restricciones de libertad para el desarrollo del proceso penal por presunto fraude aduanal y distribución ilegal de combustible.
La estrategia de la defensa técnica, que buscaba sustituir el encarcelamiento por el beneficio de un arresto domiciliario o libertad condicional, quedó descartada por el tribunal revisor. Los magistrados determinaron que los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el riesgo de evasión de la justicia y la gravedad del daño patrimonial al erario federal son válidos y suficientes para sostener el confinamiento.
Las carpetas de investigación señalan al mando militar como un presunto dinamizador dentro de una organización transnacional dedicada al “huachicol” fiscal. El esquema delictivo consistía en el ingreso de cargamentos masivos de combustible por los puertos marítimos del país, utilizando identidades arancelarias falsas para eludir el cobro de impuestos correspondientes a las importaciones de hidrocarburos.
El expediente del Ministerio Público Federal imputa formalmente al capitán los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente cometidos en coparticipación con agentes aduanales y particulares del ramo energético.
Tras este fallo en el juicio de garantías, el litigio continuará su curso en la etapa de depuración de pruebas. Las autoridades judiciales reiteraron que las etapas procesales subsecuentes se llevarán a cabo salvaguardando el derecho a la presunción de inocencia del elemento de las fuerzas armadas hasta que el juez de la causa emita un veredicto final.
