El máximo tribunal pospuso el análisis de un asunto que definirá el alcance de las suspensiones provisionales contra los lineamientos que restringen la venta de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional en los planteles educativos.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de un asunto relacionado con la prohibición de vender comida chatarra en escuelas del Sistema Educativo Nacional, con lo que quedó pendiente la definición de un criterio sobre la procedencia de suspensiones provisionales en contra de los lineamientos emitidos por las autoridades educativas y sanitarias.
El caso deriva de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados respecto a si las instituciones educativas tienen interés jurídico para solicitar la suspensión de las disposiciones que regulan la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles mientras se resuelve un juicio de amparo.
La discusión fue retirada de la agenda del Pleno sin que se emitiera una resolución de fondo, por lo que la Corte analizará el asunto en una sesión posterior. Hasta que ello ocurra, no existirá un criterio definitivo que unifique la interpretación de los tribunales federales sobre este tipo de controversias.
La controversia se centra en los lineamientos impulsados por el Gobierno federal para restringir la comercialización de productos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio en los centros educativos, como parte de la estrategia para combatir la obesidad y promover hábitos de alimentación saludable entre niñas, niños y adolescentes.
El proyecto que será discutido por la SCJN busca definir si las escuelas pueden obtener una suspensión provisional cuando aleguen que la aplicación inmediata de dichos lineamientos les genera una afectación directa. La eventual resolución no implicará invalidar la política pública, sino establecer los requisitos para acceder a esa medida cautelar durante la tramitación de un juicio de amparo.
La Secretaría de Educación Pública ha informado que la mayoría de los litigios promovidos contra la prohibición han sido resueltos a favor de la autoridad educativa y sostiene que la medida responde al deber del Estado de proteger el derecho a la salud de la comunidad estudiantil.
Con el aplazamiento de la discusión, el criterio definitivo de la Suprema Corte deberá esperar una nueva fecha de análisis, cuya resolución será relevante para futuros amparos relacionados con la aplicación de los lineamientos sobre alimentación saludable en las escuelas del país.
