La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó una serie de decisiones trascendentales que refuerzan la protección de los ecosistemas más frágiles de México y otorgan certeza jurídica en sectores técnicos y administrativos. En una sesión de alta relevancia para la agenda ambiental, el Máximo Tribunal validó la constitucionalidad del cobro de derechos para visitantes en el Parque Nacional Revillagigedo y la Isla Guadalupe, además de confirmar la legalidad del decreto que declara al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales. Estas resoluciones priorizan el derecho colectivo a un medio ambiente sano por encima de intereses económicos particulares o reclamos ejidales sobre la propiedad de la tierra.
Respecto a las zonas marinas, los ministros determinaron que el pago de 1,500 pesos por el uso no extractivo de estos ecosistemas es proporcional y equitativo, dado que su ubicación geográfica y vulnerabilidad exigen recursos extraordinarios para su vigilancia y restauración. En el caso del Lago de Texcoco, la Corte subrayó que, aunque el Estado reconoce la propiedad social, la Nación mantiene la facultad de imponer modalidades a la tierra para cumplir con fines de interés público. Se acreditó que los ejidatarios de Atenco fueron debidamente consultados y que la protección ambiental no anula su derecho de propiedad, sino que lo regula de manera sustentable.
En el ámbito laboral y de servicios técnicos, la Corte resolvió una disputa fundamental para el personal de control de tránsito aéreo. El fallo establece que tanto los dictámenes de invalidez del ISSSTE como las evaluaciones psicofísicas de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte son autoridades competentes para certificar la aptitud de estos trabajadores. Esta decisión permite que un controlador aéreo, especialmente en edad avanzada, pueda acceder a su liquidación sin quedar atrapado en lagunas burocráticas sobre cuál institución debe emitir el diagnóstico médico oficial, garantizando así su seguridad social y laboral.
Por otro lado, el Pleno negó una suspensión definitiva a una persona magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que buscaba permanecer en su encargo tras la finalización de su periodo legal. Los ministros aclararon que la negativa del Ejecutivo Federal a otorgar un nuevo nombramiento es un acto que no puede suspenderse preventivamente, ya que se afectaría el orden público y la facultad constitucional de los poderes para designar a los juzgadores. Asimismo, la Corte validó el marco sancionatorio de la Ley de la Industria Eléctrica, confirmando que las multas impuestas por la Comisión Reguladora de Energía respetan el derecho de audiencia y el debido proceso de las empresas supervisadas.
Estas determinaciones de la Suprema Corte consolidan un equilibrio entre la facultad regulatoria del Estado y los derechos ciudadanos, marcando una pauta clara sobre el uso de recursos naturales y la estabilidad institucional. Al validar estas normas, el Poder Judicial asegura que las políticas de conservación ambiental cuenten con sustento financiero y legal, mientras que en materia administrativa, se refuerza la transparencia en los procesos de nombramiento y la vigilancia del sector energético. Las sentencias cierran ciclos de litigio prolongados y establecen precedentes obligatorios para tribunales inferiores en todo el país.
