Entre señalamientos de la oposición y el respaldo de Morena, el Senado aprobó la reforma que aplaza a 2028 la elección de jueces y magistrados.
El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en una discusión marcada por fuertes señalamientos de la oposición, que acusó a Morena y sus aliados de intentar consolidar el control político sobre el sistema judicial mexicano.
La modificación avalada por la mayoría oficialista establece que la siguiente jornada de elección judicial se realizará hasta el primer domingo de junio de 2028, y no en 2027 como originalmente estaba previsto dentro de la reforma judicial impulsada en 2024. Legisladores de Morena defendieron el cambio bajo el argumento de que se requiere mayor tiempo para organizar el nuevo modelo de votación y armonizar las reglas del proceso.
Durante la sesión, el debate se extendió por varias horas entre acusaciones de “retroceso democrático”, “improvisación” y “captura institucional”. La oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionó que el oficialismo modifique nuevamente las reglas electorales y judiciales apenas unos meses después de haber aprobado la reforma constitucional del Poder Judicial.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), senadores señalaron que el aplazamiento evidencia que la reforma judicial fue aprobada sin planeación técnica ni jurídica suficiente. Legisladores panistas acusaron que Morena “corrige sobre la marcha” una reforma que, afirmaron, pone en riesgo la autonomía judicial y genera incertidumbre sobre la impartición de justicia en el país. También advirtieron que mover la elección a 2028 podría abrir la puerta a una mayor influencia política sobre los órganos jurisdiccionales.
El PRI también manifestó su rechazo al dictamen y sostuvo que el cambio constitucional responde a intereses políticos del oficialismo. Legisladores priistas argumentaron que el aplazamiento podría coincidir con otros procesos políticos y consultas nacionales, generando ventajas indebidas para Morena. Además, señalaron que la reforma continúa modificándose constantemente, lo que refleja, dijeron, falta de certeza jurídica y debilidad en el diseño institucional.
Por su parte, Movimiento Ciudadano acusó que la mayoría legislativa busca “administrar políticamente” la renovación del Poder Judicial y cuestionó que las reformas constitucionales se estén aprobando en periodos extraordinarios sin un debate amplio ni consulta suficiente con especialistas y organismos del sector judicial. Integrantes de MC sostuvieron que el país requiere una reforma judicial integral, pero no cambios acelerados que terminen debilitando la división de poderes.
En contraste, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, defendió la reforma y aseguró que permitirá construir “un proceso más claro, ordenado y democrático” para la elección de jueces y magistrados.
El senador recordó que con este ajuste constitucional la ciudadanía votará por las personas juzgadoras hasta 2028, evitando que la elección judicial se empalme con los comicios de diputados, gubernaturas y ayuntamientos previstos para 2027.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ignacio Mier sostuvo que la mayoría legislativa aprobó que la elección de jueces y magistrados se realice mediante el voto popular y no “por cúpulas, cuates o cuotas”. Además, calificó la reforma judicial como “un gran paso” para fortalecer el derecho ciudadano a elegir a las personas juzgadoras.
“Por más embates del extranjero o de los intereses económicos, el soberano es el pueblo de México, hombres y mujeres libres que soñamos con un mejor país”, expresó el legislador morenista al respaldar la modificación constitucional.
Uno de los puntos que también generó polémica fue la modificación relacionada con magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que se aprobó que quienes actualmente ocupan el cargo puedan participar nuevamente en la elección federal de 2028 para buscar otro periodo. La reserva presentada por Morena desató críticas incluso dentro de algunos sectores aliados, mientras que la oposición calificó la medida como un “premio político” y una forma de extender la permanencia de magistrados electorales.
El bloque oficialista defendió la reforma argumentando que el aplazamiento permitirá consolidar mecanismos de evaluación y selección de candidaturas judiciales, además de fortalecer la organización de la inédita elección popular de integrantes del Poder Judicial. Morena insistió en que el objetivo es garantizar un proceso “más ordenado y transparente”.
Con la aprobación en el Senado, la reforma constitucional fue turnada a los congresos estatales para su discusión y eventual ratificación, como parte del proceso legislativo requerido para modificar la Constitución.
