La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno Federal analiza formalmente la propuesta de Morena para aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros hasta el año 2028. Esta medida busca evitar que el proceso judicial coincida con los comicios políticos tradicionales, con el fin de proteger la integridad del sistema electoral. La mandataria confirmó que la Secretaría de Gobernación ya mantiene mesas de trabajo con el Instituto Nacional Electoral para determinar la viabilidad de esta modificación, la cual requeriría forzosamente una nueva reforma a la Constitución para alterar el calendario ya establecido.
La iniciativa, impulsada por legisladores de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, argumenta que realizar ambas elecciones de manera simultánea representa un riesgo institucional significativo. Según los proponentes, la carga informativa para la ciudadanía sería excesiva, lo que podría derivar en un voto desinformado y en una deliberación superficial sobre los perfiles técnicos de los aspirantes al Poder Judicial. Los diputados sostienen que separar los procesos permitiría que el electorado se enfoque exclusivamente en la capacidad jurídica de los candidatos, lejos del ruido mediático de las campañas partidistas.
Además del cambio de fecha, el proyecto legislativo contempla ajustes estructurales profundos, como la eliminación de los comités de evaluación individuales de cada Poder de la Unión. En su lugar, se propone la creación de un comité único integrado por representantes de los tres poderes, con el objetivo de centralizar y estandarizar la selección de los perfiles que aparecerán en las boletas. Esta propuesta surge a pesar de que los planes iniciales enviados al Congreso por el Ejecutivo no contemplaban originalmente una prórroga para la ejecución de la reforma judicial.
Por su parte, consejeros del Instituto Nacional Electoral han expresado su preocupación técnica ante la posibilidad de una jornada electoral saturada. Los especialistas advierten que la coincidencia de procesos de naturaleza distinta podría generar confusión entre los votantes y una presión operativa y financiera insostenible para la autoridad electoral. Señalan que la logística necesaria para elegir cientos de cargos judiciales el mismo día que los cargos de representación política comprometería la calidad democrática del ejercicio y la claridad en el escrutinio de los votos.
El futuro de la elección judicial queda ahora supeditado al análisis técnico y político que realice el Poder Ejecutivo en coordinación con el Legislativo. Mientras la administración federal valora los costos y beneficios de una nueva reforma constitucional, la incertidumbre sobre las fechas definitivas marca el pulso de la agenda política nacional. El cierre de esta evaluación determinará si México opta por una implementación acelerada o si decide espaciar los tiempos para intentar garantizar una transición judicial más ordenada y menos politizada por las dinámicas electorales.
