El gobernador de Nuevo León recibió una “tarjeta amarilla” del Tribunal Electoral luego de difundir su cuarto informe fuera del plazo permitido; el caso ya fue turnado al Congreso local.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, incurrió en una difusión ilegal de su cuarto informe de gobierno al realizar un evento público y promocionarlo fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral local.
Por unanimidad de votos, las magistraturas concluyeron que el mandatario estatal incumplió el plazo legal para la difusión de informes, luego de que el evento realizado el 9 de noviembre —junto con su transmisión en televisión y redes sociales— ocurriera varios días después del periodo autorizado por la Constitución de Nuevo León.
El informe fue presentado oficialmente el 15 de octubre, por lo que la legislación únicamente permitía su difusión del 8 al 20 de octubre. Sin embargo, el TEPJF consideró que la promoción posterior excedió ese margen legal.
La resolución surgió tras una denuncia ciudadana presentada contra Samuel García, así como contra integrantes de su equipo de comunicación y diversas concesionarias de televisión, por presuntas irregularidades relacionadas con la difusión del informe.
Además del gobernador, la Sala Superior también responsabilizó a las personas titulares de la Dirección de Comunicación Social y de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal, así como a dos televisoras locales que participaron en la transmisión del evento.
Aunque el denunciante también acusó posibles actos anticipados de campaña, promoción personalizada, contratación indebida de espacios en televisión y uso irregular de recursos públicos, el Tribunal descartó dichas infracciones al considerar que no existieron elementos para acreditar una intención electoral.
Pese a ello, el órgano jurisdiccional ordenó dar vista al Congreso de Nuevo León para que determine las sanciones o medidas correspondientes por la falta cometida por el mandatario estatal.
La resolución quedó asentada en el expediente SUP-PSC-29/2026 y representa un nuevo llamado de atención al gobernador, en medio del clima político rumbo al próximo proceso electoral.
