La Sala Superior determinó que es improcedente la solicitud para postergar los comicios judiciales hasta 2028, manteniendo firme la ruta para renovar cargos en la jornada electoral de 2027.
Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la elección judicial se mantendrá programada para el año 2027, luego de rechazar por unanimidad un recurso que pretendía aplazar el proceso hasta 2028. Las magistraturas de la Sala Superior resolvieron que la petición, promovida por organizaciones civiles, carecía de fundamentos legales sólidos al no impugnar un acto de autoridad concreto, calificando la solicitud como improcedente. Con esta determinación, el máximo tribunal electoral evita modificar el calendario derivado de la reciente reforma constitucional, cerrando la puerta a un cambio de fecha por la vía jurisdiccional.
La controversia se originó cuando el Consejo Nacional de Litigio Estratégico solicitó al tribunal evaluar una supuesta incompatibilidad operativa al realizar simultáneamente la elección de jueces y los procesos electorales ordinarios. Los promoventes argumentaron que la coexistencia de ambos comicios en 2027 vulneraría la equidad y saturaría la capacidad del sistema electoral mexicano, sugiriendo que el Congreso de la Unión debería intervenir para ajustar los tiempos. Sin embargo, el proyecto de sentencia aprobado sostuvo que la acción declarativa no puede utilizarse para resolver consultas sobre escenarios hipotéticos o preocupaciones generales que no acrediten una afectación real a derechos políticos.
Esta resolución surge en un contexto de alta presión institucional, especialmente tras las advertencias técnicas emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la complejidad logística del proceso. El organismo autónomo ha señalado que organizar ambas elecciones en una misma jornada requeriría la instalación de más de 350 mil casillas y una movilización humana sin precedentes, lo que elevaría considerablemente los costos operativos. Pese a estos diagnósticos presupuestarios, el Poder Judicial ha optado por apegarse a la letra constitucional vigente, dejando la responsabilidad de cualquier ajuste operativo en manos de las autoridades administrativas y legislativas.
El fallo del TEPJF reafirma la validez de los tiempos establecidos en la reforma judicial, a pesar de la falta de consenso definitivo en el Congreso de la Unión sobre posibles modificaciones técnicas. Mientras los partidos de oposición y diversos sectores sociales insisten en los riesgos de una saturación electoral, la mayoría legislativa y ahora el tribunal electoral mantienen el rumbo hacia la renovación de magistraturas y juzgados en el plazo original. Se espera que, en los próximos meses, el enfoque del debate se traslade a la asignación de recursos y la implementación de protocolos que permitan al INE cumplir con el mandato constitucional sin comprometer la integridad de la elección ordinaria de 2027.
