Bajo el argumento de evitar “distorsiones” entre el activismo partidista y el sistema de justicia, la nueva iniciativa de decreto congela los comicios previstos y tritura las listas de aspirantes mediante sorteo obligatorio.
CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República, a través de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, recibió formalmente la iniciativa de reforma constitucional que aplaza la calendarización original y reestructura las reglas de la elección popular de jueces, magistrados y ministros en el país. El proyecto de decreto, entregado formalmente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, propone postergar la fecha de la siguiente jornada electoral judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, desvinculando de forma definitiva este proceso de la contienda intermedia de 2027.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la modificación técnica busca blindar la estabilidad institucional y “evitar distorsiones entre los sistemas político-electoral y judicial”. El legislador argumentó que separar en el tiempo la concurrencia de las campañas de los partidos políticos y la revocación de mandato de la renovación de los integrantes del Poder Judicial garantizará un esquema logístico que facilite el acceso informado de los ciudadanos para seleccionar perfiles estrictamente técnicos y legales, conforme a los principios de rendición de cuentas.
“Al garantizar que no haya distorsiones -enfatizó el legislador-, se asegura también la estabilidad, al separar en el tiempo la concurrencia de la revocación y la elección de los integrantes del Poder Judicial”, destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El documento remitido por el Ejecutivo Federal introduce adiciones constitucionales que impactan los criterios de concurrencia obligatoria para el año 2028, prohibiendo expresamente a las entidades federativas calendarizar jornadas de votación local en fechas diferenciadas. En el aspecto organizativo, la iniciativa adelanta la emisión de la convocatoria general por parte del Senado al mes de abril del año previo al de la elección, e instituye una Comisión unificada, conformada por las coordinaciones de cada Comité de Evaluación, que centralizará la aplicación de exámenes de conocimientos obligatorios y la certificación de competencias de los postulantes.
Para reducir el volumen de nombres en las boletas y agilizar el sufragio, el proyecto implementa un método de depuración forzosa. Los Comités de Evaluación preseleccionarán únicamente a los cuatro perfiles mejor calificados por cada cargo bajo el principio de paridad de género; posteriormente, dicha lista se depurará mediante una insaculación pública (tómbola) para dejar solo a dos candidatos definitivos por boleta, quienes competirán agrupados por género y especialidad jurisdiccional. El paquete de modificaciones fue turnado a la Cámara de Diputados para su dictaminación, acompañado del Dictamen de Impacto Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
