Magistrados federales consideraron que reducir de manera drástica los ingresos de personas adultas mayores podría generar daños irreparables mientras se resuelve el juicio de amparo.
Monterrey, Nuevo León. Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvieron una suspensión provisional contra la reducción de sus pensiones, luego de promover un amparo frente a la reforma que impone límites a las jubilaciones superiores al salario presidencial.
La resolución fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León, cuyos integrantes revocaron la negativa inicial de un juez federal y determinaron que existían elementos suficientes para conceder la medida cautelar mientras continúa el litigio constitucional.
Los magistrados señalaron que la disminución abrupta de ingresos en personas jubiladas puede afectar derechos fundamentales relacionados con la salud, alimentación y subsistencia, especialmente en adultos mayores que dependen exclusivamente de sus pensiones para cubrir gastos médicos, seguros, vivienda y tratamientos especializados.
Dentro del expediente judicial se expuso que algunos de los promoventes sufrieron reducciones de hasta 78.5 por ciento en sus percepciones, situación que, según el tribunal, podría provocar consecuencias irreversibles si la aplicación de la reforma continúa antes de que exista una sentencia definitiva.
En el análisis del caso, el órgano colegiado advirtió que la incertidumbre económica generada por los recortes puede ocasionar afectaciones psicológicas severas y deteriorar las condiciones de vida de los jubilados, particularmente en quienes padecen enfermedades crónicas o requieren atención médica permanente.
La suspensión provisional ordena detener temporalmente la aplicación de los descuentos a los jubilados que promovieron el amparo, mientras se estudia el fondo del asunto. El tribunal destacó que la medida cautelar busca preservar las condiciones económicas previas hasta que se determine si la reforma vulnera o no derechos adquiridos.
La controversia surgió luego de la entrada en vigor de la reforma federal publicada en abril de 2026, la cual establece topes a pensiones consideradas excesivas en organismos públicos y empresas productivas del Estado, incluyendo la CFE y Pemex. Desde entonces, diversos grupos de jubilados han promovido recursos legales al considerar que la norma aplica restricciones retroactivas a prestaciones ya consolidadas.
