La Suprema Corte determinó que el Poder Legislativo estatal omitió establecer medidas afirmativas para facilitar la participación política de este sector y fijó como plazo el proceso electoral local de 2030.
El Congreso de Quintana Roo deberá crear disposiciones que garanticen la participación política de las personas con discapacidad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) identificó una omisión legislativa en la normativa electoral de la entidad.
La determinación se tomó al resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2026, promovida por Movimiento Ciudadano contra el Decreto 257, mediante el cual se modificaron disposiciones de la Constitución estatal en materia electoral. El partido argumentó, entre otros puntos, que la reforma no contempló acciones afirmativas para grupos que enfrentan barreras para acceder a cargos de elección popular, incluidas las personas con discapacidad, las juventudes y la diversidad sexual y de género.
El Pleno concluyó que el Poder Legislativo local debe emitir la regulación necesaria para garantizar la participación de las personas con discapacidad. Las nuevas disposiciones deberán entrar en vigor, a más tardar, antes del inicio de la veda electoral correspondiente al proceso local de 2030. Para elaborar la legislación, el Congreso tendrá que realizar una consulta previa a las personas con discapacidad.
La resolución se suma a las determinaciones adoptadas por la Corte el pasado 22 de septiembre, cuando descartó que la reforma impugnada obligara a realizar una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que las disposiciones cuestionadas no producían una afectación diferenciada a sus derechos. En esa misma acción también se revisaron cambios en las reglas de asignación de diputaciones por representación proporcional.
Otro punto central de la sesión fue el criterio sobre la votación necesaria para declarar una omisión legislativa dentro de una acción de inconstitucionalidad. La mayoría del Pleno estableció que bastan cinco votos, es decir, una mayoría simple, debido a que no existe una disposición constitucional o legal que exija una mayoría calificada específica para este tipo de determinaciones.
Con esta decisión, el Congreso de Quintana Roo queda obligado a atender la falta de medidas normativas para la inclusión política de las personas con discapacidad. El objetivo es que puedan competir por cargos de elección popular con garantías jurídicas que favorezcan el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.
