La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este jueves revocar la suspensión que permitía al magistrado Avelino Carmelo Toscano Toscano mantenerse en funciones dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de que su mandato constitucional de diez años concluyó desde el 2019. Con una mayoría de seis votos, el Máximo Tribunal del país estableció que la permanencia de los juzgadores una vez finalizado su periodo oficial afecta el orden público y el interés social, invalidando la medida cautelar que le permitía seguir al frente de la Sexta Sala Regional sin haber sido ratificado por el Poder Ejecutivo.
El fondo de la discusión jurídica se centró en que los nombramientos de magistrados en este tribunal no otorgan un derecho automático a la ratificación ni a la inamovilidad perpetua. Según los argumentos aprobados por los ministros, la conclusión del cargo ocurre por ministerio de ley al cumplirse el plazo establecido en el nombramiento original, por lo que no se requiere de un juicio previo o un acto administrativo adicional para que el servidor público deba abandonar sus funciones. Esta decisión subraya que el proceso de renovación de las magistraturas es una facultad constitucional que debe seguir los cauces legales sin interrupciones por la vía del amparo.
Durante la sesión, se destacó que este fallo sienta un precedente crítico para el sistema judicial mexicano, ya que existen actualmente al menos 55 casos de magistrados en situaciones similares que han recurrido a la justicia federal para prolongar su estancia en el cargo. La mayoría de los ministros coincidió en que permitir que los juzgadores se mantengan en sus posiciones tras el vencimiento de sus periodos, y ante la negativa explícita del Ejecutivo para un nuevo nombramiento, constituye una invasión de competencias. Se argumentó que la estabilidad judicial no debe interpretarse como una ocupación indefinida de las plazas que impida la rotación institucional.
A pesar de la postura mayoritaria, el debate incluyó voces que defendieron la necesidad de evaluar la trayectoria y el desempeño de los juzgadores antes de desplazarlos, bajo la premisa de preservar la experiencia acumulada en el servicio público. Sin embargo, prevaleció el criterio de que la designación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una facultad discrecional que recae en la Presidencia de la República con el aval del Senado. Con esto, se busca evitar lo que algunos integrantes del pleno calificaron como una usurpación de funciones por parte de aquellos servidores que, mediante recursos legales, evadieron el relevo mandatado por la ley.
La resolución implica que el magistrado Toscano Toscano deberá dejar su cargo de manera inmediata mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo, el cual ya cuenta con una negativa formal de designación por parte del Ejecutivo federal desde mediados del año pasado. Este fallo anticipa una resolución en cadena para las decenas de suspensiones vigentes en otros circuitos judiciales, obligando a una reestructuración interna en diversas salas regionales del país. La decisión reafirma el control de la Corte sobre la temporalidad de los cargos públicos y cierra la puerta a la permanencia de facto de magistrados con mandatos vencidos.
