Un tribunal federal en materia administrativa otorgó el respaldo legal definitivo a Lenia Batres Guadarrama para el registro de la marca “Ministra del Pueblo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La resolución judicial determina que la frase no incurre en prohibiciones legales, permitiendo que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga el control exclusivo sobre este apelativo. Esta decisión surge tras un proceso de revisión donde se analizó si el distintivo afectaba la institucionalidad del Poder Judicial o si presentaba algún impedimento por el uso de cargos públicos.
El órgano jurisdiccional consideró que la expresión es una manifestación que no genera confusión sobre las funciones oficiales de la ministra, sino que se identifica como un signo distintivo personal dentro del mercado de servicios. Al obtener este registro, Batres Guadarrama podrá utilizar el nombre en diversas categorías, que incluyen desde servicios educativos y culturales hasta la difusión de contenidos informativos. El fallo subraya que no existe una vulneración a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya que el término no es de uso común ni pertenece al Estado como tal.
Durante el desarrollo del caso, se discutió si la asignación de un cargo público a una marca comercial podría contravenir principios de ética o imparcialidad. No obstante, los magistrados determinaron que la protección de la propiedad intelectual es un derecho que asiste a la funcionaria en su dimensión privada, siempre que no se utilice para promocionar actos de gobierno de manera indebida. Con este paso, la ministra busca salvaguardar su identidad frente a terceros que pudieran intentar lucrar con el sobrenombre que ella misma ha impulsado desde su llegada al Máximo Tribunal.
Este veredicto marca un precedente relevante en el ecosistema jurídico y mediático de México, al ser la primera vez que un integrante en funciones de la Suprema Corte registra un lema de esta naturaleza. El término ha sido pieza central de la narrativa de Batres, quien ha defendido una visión de justicia cercana a la ciudadanía y crítica con las estructuras tradicionales del sistema judicial. La resolución permite que la estrategia de comunicación de la ministra se formalice bajo los estándares de propiedad industrial vigentes en el país.
El cierre de este proceso legal otorga a la ministra la facultad de impedir que otras personas o empresas utilicen la frase “Ministra del Pueblo” con fines comerciales o publicitarios sin su autorización. Aunque la decisión ha generado diversas interpretaciones en el ámbito jurídico sobre la naturaleza de los cargos públicos, la sentencia es firme y de cumplimiento inmediato. Con ello, se garantiza la seguridad jurídica sobre la marca, dejando claro que el uso de apelativos populares por parte de funcionarios es una práctica permitida bajo el marco legal de la propiedad intelectual.
