Concesionarios del transporte público manifestaron su rechazo a la resolución del máximo tribunal, al considerar que la operación de aplicaciones de movilidad representa una competencia desleal y pone en riesgo la viabilidad económica del servicio concesionado.
La Paz, Baja California Sur.- Transportistas de Baja California Sur realizaron bloqueos en diversos puntos de La Paz para manifestar su inconformidad con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual confirmó que las plataformas digitales de transporte pueden operar en la entidad al considerar inconstitucionales las restricciones que impedían su funcionamiento.
Desde las primeras horas de la jornada, concesionarios y operadores de transporte público instalaron cierres parciales en vialidades estratégicas de la capital sudcaliforniana, lo que provocó afectaciones a la circulación y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte. Las movilizaciones fueron convocadas como medida de presión para exigir una revisión del marco regulatorio aplicable a los servicios prestados mediante aplicaciones móviles.
Los manifestantes argumentaron que la decisión de la Corte coloca en desventaja al transporte concesionado, ya que, a su juicio, los operadores tradicionales deben cumplir con obligaciones administrativas, fiscales y de regulación que no se exigen en las mismas condiciones a las empresas de plataformas digitales.
La resolución de la SCJN derivó de un análisis sobre disposiciones legales que limitaban la prestación de este tipo de servicios en Baja California Sur. El máximo tribunal concluyó que dichas restricciones resultaban incompatibles con principios constitucionales relacionados con la libertad de comercio y la competencia económica, por lo que determinó su invalidez.
Los transportistas señalaron que no se oponen a la modernización del servicio, pero insistieron en que todas las modalidades de transporte deben operar bajo reglas equitativas que garanticen condiciones de competencia similares para quienes cuentan con una concesión otorgada por el Estado.
Durante las protestas, autoridades locales implementaron dispositivos de vialidad para reducir las afectaciones a la movilidad y mantener abiertos algunos carriles en las zonas donde se concentraron los manifestantes. Asimismo, hicieron un llamado al diálogo para atender las inquietudes del sector y evitar mayores afectaciones a la población.
El conflicto refleja la tensión que persiste en distintas entidades del país entre el transporte tradicional y las empresas de movilidad por aplicación, un debate que en los últimos años ha llegado tanto a congresos estatales como a tribunales, donde se han discutido los alcances de la regulación de estos servicios.
Tras el fallo de la Suprema Corte, el desafío para las autoridades estatales será adecuar el marco normativo conforme al criterio constitucional, al tiempo que buscan mecanismos para atender las demandas de los concesionarios y garantizar una competencia en condiciones de legalidad para todos los prestadores del servicio.
