El máximo tribunal estudia recursos promovidos contra la reforma que prohíbe el uso de delfines, orcas, lobos marinos y otras especies en espectáculos, una medida que ha generado posturas encontradas entre organizaciones ambientalistas y la industria dedicada al manejo de fauna marina.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza diversas impugnaciones relacionadas con la reciente reforma a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe la utilización de mamíferos marinos en espectáculos, actividades recreativas y otros aprovechamientos con fines comerciales en México.
El asunto llegó al máximo tribunal tras la presentación de recursos que cuestionan la constitucionalidad de las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión, las cuales restringen el uso de especies como delfines, orcas, lobos marinos y otros cetáceos en exhibiciones públicas y espectáculos.
La reforma también establece limitaciones para la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, permitiéndola únicamente cuando tenga fines de conservación, reintroducción o preservación de las especies. Además, contempla nuevas reglas para el manejo de los ejemplares que actualmente permanecen bajo cuidado humano y fija plazos para que las instalaciones adecuen sus condiciones conforme a la nueva legislación.
Durante el análisis, la Suprema Corte deberá determinar si estas restricciones son compatibles con los derechos constitucionales de quienes operan delfinarios y centros de conservación, o si prevalece el interés público de proteger el bienestar animal y preservar las especies marinas mediante una regulación más estricta.
Organizaciones dedicadas a la protección de los animales han respaldado la reforma al considerar que representa un avance en materia de bienestar animal y conservación de la biodiversidad. Por el contrario, representantes del sector sostienen que las nuevas disposiciones podrían afectar la viabilidad de establecimientos que desarrollan actividades de investigación, educación ambiental y turismo.
La discusión también retoma criterios que la propia Suprema Corte ha sostenido en años anteriores sobre la protección de mamíferos marinos. En resoluciones previas, el tribunal ha reconocido que el Estado puede establecer restricciones para garantizar la conservación de especies y proteger el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
La decisión que adopte el máximo tribunal será relevante para definir el alcance constitucional de la reforma y establecer si las nuevas restricciones pueden mantenerse vigentes en los términos aprobados por el Congreso. El criterio que emita también podría servir como referencia para futuros litigios relacionados con la protección de la fauna silvestre y la regulación de actividades que involucren animales en cautiverio.
